Derrumbe en Estación Buenos Aires: la fiscalía definió el reingreso parcial y ordenó consigna policial permanente en el área clausurada

A 16 días del derrumbe del estacionamiento, la Fiscalía PCyF N°31 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad autorizó el reingreso parcial de los vecinos al Sector 2 del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, en las áreas que fueron consideradas aptas tras el levantamiento parcial de la clausura preventiva dispuesto por la Guardia de Auxilio del Gobierno porteño. La decisión figura en una resolución a la que accedió LA NACION y se apoya en la documentación técnica emitida por los organismos interviniente anoche.

Según el texto, la autorización alcanza únicamente a los vecinos del Sector 2 incluidos dentro de las áreas habilitadas para el uso, delimitadas en el plano oficial elaborado por la Guardia de Auxilio. La fiscalía aclaró que esto no significa un levantamiento total de la clausura ni una habilitación general del complejo: la zona siniestrada —el área afectada por el derrumbe de la losa sobre el estacionamiento subterráneo— y cualquier otro espacio que continúe restringido o excluido deberán mantenerse con prohibición de ingreso, uso y permanencia.

La resolución recuerda que el hecho investigado es el derrumbe de la losa que conforma el techo del garaje o estacionamiento subterráneo situado bajo el pulmón con zona parquizada del área central del Sector 2. Por ese motivo, la Guardia de Auxilio dispuso el 3 de marzo la clausura inmediata y preventiva de la totalidad de ese sector, al considerar que no estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad estructural.

Luego, sobre la base de inspecciones sucesivas y de presentaciones técnicas realizadas por la dirección de obra y por un ingeniero estructuralista, la autoridad administrativa resolvió dejar sin efecto parcialmente esa clausura, delimitando por nivel qué áreas podían habilitarse y cuáles seguían siniestradas o restringidas.

A partir de ese cuadro, la fiscalía autorizó el reingreso parcial, progresivo, coordinado y condicionado de los residentes (propietarios y ocupantes) a los espacios habilitados. Estableció que el retorno deberá realizarse de manera ordenada, gradual y sectorizada, con posibilidad de organizarlo por edificio, nivel o departamento según las condiciones de seguridad verificadas en cada caso.

También indicó que no podrá habilitarse el ingreso o permanencia en sectores con trabajos activos, riesgo residual, apuntalamientos sensibles, circulación de maquinaria u otra circunstancia que torne inseguro el acceso. Además, el ingreso quedará condicionado a la acreditación del vínculo con la unidad funcional correspondiente.

La resolución asignó responsabilidades operativas. La Policía de la Ciudad deberá organizar y regular el acceso a las áreas habilitadas, verificando identidad y vínculo con cada departamento, e impidiendo el paso a zonas restringidas.

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad deberá acompañar y supervisar los ingresos cuando resulte necesario por seguridad o por cercanía con sectores comprometidos o con tareas técnicas en curso. La Guardia de Auxilio intervendrá en la delimitación operativa de los sectores habilitados y coordinará con los profesionales responsables de las obras para que el reingreso no afecte la seguridad estructural ni interfiera con los trabajos.

La fiscalía también ordenó mantener una consigna policial las 24 horas en la zona del complejo que permanece clausurada, para preservar la integridad del lugar y la seguridad de los residentes. En paralelo, informó que ya comunicó a MetroGAS que, al haberse removido de forma parcial el obstáculo de seguridad que justificaba el corte preventivo, la empresa deberá inspeccionar y —si corresponde— avanzar con el restablecimiento del servicio solo en los sectores habilitados, de manera gradual y segura, y abstenerse de reconectar en la zona siniestrada o en áreas restringidas.

El texto remarcó además que la habitabilidad efectiva y la permanencia en las áreas liberadas quedarán supeditadas a la verificación y eventual restitución segura de los servicios esenciales por parte de las prestatarias y los organismos competentes.

También dispuso que cada ingreso y procedimiento quede documentado con constancias que registren el sector, la identidad de la persona ingresante, el horario, el organismo interviniente y cualquier incidencia relevante; cuando corresponda, deberá labrarse acta y realizar registro fotográfico o fílmico.

Más temprano, además, la Guardia de Auxilio había informado —en un comunicado al que accedió LA NACION— que dispuso el levantamiento de la clausura preventiva en los sectores considerados aptos para la habitabilidad y que se entregaría a cada unidad funcional un plano detallado con la identificación de las áreas habilitadas y las que continúan bajo clausura.

Ese texto también indicaba que se dio intervención a la Fiscalía, que sería la autoridad encargada de dictaminar el regreso de los vecinos; que se solicitó formalmente autorización para restablecer los servicios esenciales; y que se encontraba en elaboración un protocolo de regreso con acompañamiento en territorio una vez habilitado el reingreso.

El anuncio se conoció anoche a 15 días del derrumbe ocurrido en el sector de cocheras del complejo, un episodio que derivó en la evacuación de residentes y en un operativo de emergencia con restricciones de acceso mientras se realizaron evaluaciones técnicas y tareas de estabilización. Durante ese período, los vecinos fueron alojados en hoteles y otras alternativas temporarias, con prórrogas sucesivas que, según relataron, se fueron renovando por tramos.

En las últimas horas, los residentes indicaron a LA NACION que las fechas de hospedaje volvieron a actualizarse. “En cuanto al hospedaje, nos renovaron hasta el 25 y la comunicación entre Cosud y el Gobierno de la Ciudad está totalmente rota: solamente toman nota y eso es todo, y no informan nada. Es así, lamentablemente”, expresó a este medio Teresa Alfaro, una de las vecinas del complejo.

En la misma línea, Norma Ramírez señaló que no fue notificada con anticipación y que se enteró del cambio el mismo día en que vencía el plazo anterior. “Me tuve que comunicar yo y firmar un reclamo con el estudio de [Fernando] Burlando para que me informen qué pasa con mi hospedaje”, comunicó a este medio.

En paralelo, el reclamo vecinal volverá a expresarse en la calle. Tras la concentración realizada el sábado pasado, los vecinos anticiparon una nueva convocatoria para el sábado 21 de marzo, con el objetivo de volver a exigir definiciones. “La fiscal sigue buscando un culpable y estamos a la espera del informe del equipo del doctor Burlando y el sábado vamos a hacer otra marcha en el barrio como el sábado pasado”, afirmó Alfaro.