El Gobierno denunció por terrorismo a los responsables de los incidentes frente al Congreso y pidió detenciones inmediatas

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal para que la Justicia Federal investigue y detenga a los responsables de los violentos incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso durante el debate de la reforma laboral, a los que calificó como actos de terrorismo orientados a “desestabilizar las instituciones y atemorizar a la población”.

La presentación judicial se conoció luego de que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, confirmaran la identificación de un primer grupo de manifestantes involucrados en los hechos y anticiparan que avanzarán “con todo” contra los responsables.

“Dijimos que los íbamos a identificar. Y miren qué tengo acá. En esta carpeta tengo el trabajo articulado de la Justicia y la Policía Federal Argentina. Este es el primer grupo de violentos identificados que el día de ayer quisieron desestabilizar el país”, afirmó Monteoliva, al exhibir documentación con datos personales de los sospechosos. “Se les acabó la impunidad. Las hacen, las pagan”, agregó.

En la misma línea, Ferlauto sostuvo que los hechos registrados frente al Palacio Legislativo “se produjeron para desestabilizar las instituciones y atemorizar a la población” y afirmó que, por sus características, “eso se llama terrorista”. Según indicó, el Gobierno solicitó a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que se les otorgue esa calificación legal y reclamó la “inmediata detención de todos los responsables”.

El funcionario detalló que durante los disturbios “tiraron piedras contra nuestra fuerza de seguridad y tiraron bombas molotov que podrían haber ocasionado la muerte de uno de nuestros efectivos”, y aseguró que los ataques “fueron especialmente preparados para alterar el orden público y la paz social”. “En la Argentina del presidente Milei, donde se las hace, se las paga”, enfatizó.

La denuncia penal, firmada por el director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional, Lisandro Manuel Franco, quedó radicada ante la Justicia Federal y solicitó la investigación de los hechos ocurridos el 11 de febrero en las inmediaciones del Congreso.

En el escrito, el Ministerio sostiene que “el accionar ilícito que denuncia tuvo por finalidad generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso”.

Además, el documento señala que los hechos podrían configurar delitos de “Atentados al Orden Constitucional y a la Vida democrática, Atentado y Resistencia a la Autoridad, Lesiones Graves y Daños”, agravados “por haber sido cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población y obligar a las autoridades públicas nacionales a abstenerse de cumplir con sus cometidos funcionales y constitucionales”.

La denuncia describe que durante la jornada legislativa “se evidenció la existencia de individuos y organizaciones que contaban con recipientes de combustible inflamable, explosivos incendiarios de confección casera, objetos contundentes y peligrosos que fueron lanzados contra miembros de las fuerzas federales de seguridad”.

También consigna que los disturbios “tuvieron por fin establecer un escenario de estrépito y terror en la comunidad, con el exclusivo objetivo de inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” y remarcó que los ataques “fueron orquestados con la intención de subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror”.

Los hechos se produjeron ayer durante la movilización contra la reforma laboral que se debatía en el Senado y que finalmente obtuvo media sanción. Según fuentes oficiales, al menos seis efectivos resultaron heridos y once manifestantes quedaron detenidos, en un operativo que involucró a la Policía Federal y a la Policía de la Ciudad.

Desde el Gobierno nacional anticiparon que continuarán con el proceso de identificación de los responsables, profundizarán la investigación judicial y avanzarán sobre las eventuales organizaciones que, según la denuncia, podrían estar detrás de los ataques.