Piden bloquear celulares en cárceles bonaerenses tras descubrir que la banda del Millón coordinaba asaltos desde las celdas

En un duro dictamen, después de confirmar que el robo sufrido por Mónica Mancini, la denominada “abuela influencer”, fue planificado y dirigido por delincuentes presos en cárceles bonaerenses, Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, solicitó que se prohíba a los integrantes de la temible banda del Millón detenidos en unidades penitenciarias el uso de teléfonos celulares y de otros dispositivos electrónicos con conexión a Internet. Además pidió que se instalen “bloqueadores o inhibidores de comunicación móvil”.

“Se ha consolidado una dinámica de ‘mando remoto’ donde la inteligencia criminal y la selección de blancos se realiza puertas adentro de las cárceles mediante acceso a medios digitales, mientras que la ejecución es dirigida en vivo a través de video llamadas (WhatsApp e Instagram, etcetera), garantizando el control total de los líderes sobre los subordinados que se encuentran en el exterior. Así, los cabecillas, lejos de ver limitada su capacidad de acción por estar encerrados, simplemente reacomodaron su rol dentro de la estructura, pasando a dirigir, ordenar, validar operaciones y obtener provecho desde la cárcel”, sostuvo Ferrari en su dictamen dirigido a jueces de dos tribunales orales, magistrados de Garantías, fiscales del fuero penal juvenil y al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, que tiene a su cargo el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El video del violento asalto a la "abuela influencer"

En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal hizo referencia a 40 integrantes de la denominada banda del Millón, la organización criminal conocida por protagonizar violentos robos donde golpea salvajemente y hasta torturan a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro.

La “mano de obra” de la banda, según se desprende de la investigación hecha por el fiscal Ferrari y detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la policía bonaerense, son menores de edad. Se trata de adolescentes de entre 12 y 17 años.

“Los integrantes menores de edad de la organización cumplen un rol preponderante dentro de la estructura operativa de la banda. Si bien aquellos no forman parte estricta del presente requerimiento por encontrarse sometidos a procesos ante dicho Fuero minoril [sic], la gravedad de los hechos aquí investigados y la necesidad de desarticular integralmente el accionar criminal amerita la coordinación entre ambos fueros. En razón de ello, se remite a los fiscales del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial San Isidro a fin que por intermedio de los magistrados promuevan y adopten las medidas que estimen corresponde en el marco de las causas de su competencia”, explicó Ferrari.

Entre otros, el fiscal Ferrari pidió que se le prohíba el uso de teléfonos celulares a los sindicados jefes de la banda, identificados como Hugo Castillo San Martín, apodado Huguito; Brandon Brites, alias Mape y de 19 años, y Thiago Sandoval, conocido como Polli.

Mape Brites, según la investigación del fiscal Ferrari, fue uno de los delincuentes que planificó y dirigió el violento robo a Mancini desde la Unidad 9 del SPB, situada en La Plata. Durante el asalto, los ladrones que ingresaron en la casa de la víctima recibieron directivas de su jefe.

En su presentación, el representante del Ministerio Público recordó que la mayoría de los integrantes de la banda del Millón son oriundos de la villa La Cava, situada en Beccar y que se “dedicó de manera sistemática a cometer delitos contra la propiedad de alto impacto” en San Isidro.

“A diferencia de otras estructuras [criminales], la banda del Millón, presenta una nota distintiva y particular que le ha permitido, entre otros beneficios, su persistencia en el tiempo y una elocuente capacidad operativa, a pesar que la mayoría de sus miembros mayores de edad se encuentran privados de su libertad en cárceles provinciales”, dijo el representante del Ministerio Público.

Según Ferrari, uno de los motivos de que la organización criminal logra mantenerse activa a pesar de que la mayoría de sus integrantes está tras las rejas es “la activa y preponderante participación en los despojos de menores de edad -entre 12 y 17 años-para la ejecución material de los hechos. Aquella intervención no solo proporciona ventajas físicas y logísticas (como por ejemplo la agilidad para el ingreso a domicilios por espacios reducidos), sino que también les ha permitido, para el caso de ser sorprendidos en la flagrante comisión de un hecho delictivo, obtener beneficios liberatorios más prontos e inclusive en algunos casos ser declarados inimputables”.

Y agregó: “Del mismo modo, la normativa y el régimen de seguridad vigente en los Centros de Detención Juvenil presenta una alarmante vulnerabilidad que facilita la evasión de los internos. Esto ha quedado acreditado con las reiteradas fugas protagonizadas por los menores integrantes de esta organización, quienes logran sortear los controles con extrema facilidad, garantizando así su reincorporación inmediata a la estructura operativa de la banda".

El otro punto que, según el fiscal Ferrari, permitió que no se resintiera el poder de daño de la organización criminal es “la influencia de los líderes en el ámbito delictivo que les ha permitido establecer lazos con pares de otras zonas, movilizándolos a su conveniencia y designios marginales, empleándolos como miembros de una estructura flexible y cada vez más voluminosa. Estos dos elementos han logrado que, pese a haber sufrido numerosas ‘bajas’, no pierdan su tan ansiada operatividad y presencia. Por el contrario, se han mostrado capaces de adaptarse a las circunstancias, reasignando roles y reorganizando funciones de acuerdo con la situación circunstancial de cada integrante, todo ello -en la actualidad- bajo la dirección y control directo de sus líderes desde las unidades carcelarias donde se encuentran alojados”.

En la parte final de su presentación y en los lineamientos de su conclusión, Ferrari afirmó: “De todo lo expuesto y de la evidencia reunida en las distintas investigaciones surge con claridad que, los hechos aquí analizados presentan una misma matriz operativa y dan cuenta que, el encarcelamiento de los autores no constituye, por sí solo, un impedimento para la continuidad delictiva. Se encuentra por demás probado que desde sus lugares de alojamiento, continúan ejecutando hechos de la misma modalidad a partir de la información que obtienen y distribuyen desde sus dispositivos móviles. Aquellos privados de su libertad, aún desde su lugar de encierro, dirigen y planifican mediante comunicaciones móviles, las cuales son ejecutadas afuera por miembros subordinados -por lo general menores de edad-con quienes mantienen comunicación permanente, incluso durante la comisión de los crímenes y en los instantes inmediatamente previos y posteriores, demostrando así, que la comunicación clandestina resulta un elemento medular e indispensable para el éxito de los asaltos“.

Para el fiscal general adjunto de San Isidro: “La reiteración del patrón -mando intramuros y ejecución extramuros con el dispositivo celular como nexo operativo esencial-evidencia que el sistema de seguridad vigente resulta insuficiente para contener esta logística que trasciende los límites del establecimiento carcelario, convirtiendo a la celda en un centro de operaciones que necesariamente debe ser desarticulado”.

Además de solicitar que se le prohíba el uso de teléfonos celulares a los integrantes de la banda del Millón y que, en caso necesario, se utilicen inhibidores de señal, Ferrari pidió que los delincuentes sean sometidos a una requisa diaria para controlar que no tengan dispositivos electrónicos.

Por su parte, al tratarse de una banda que opera en su municipio, Ramón Lanús, expresó: “Todo el esfuerzo en San Isidro —más cámaras, más agentes, más patrullas— se estrella contra una realidad escandalosa: capturamos delincuentes que siguen mandando desde la cárcel, con Play, TV de 42″, luces de boliche y fumando".

“¡El sistema penitenciario bonaerense debe reformarse ya! Prohibir celulares, acabar con estos privilegios y endurecer penas. ¿Hasta cuándo?”, dijo el intendente quien recordó la medida del Gobierno Nacional que cortó la señal en las cárceles federales y pidió imitarla.