Reidel renunció a Nucleoeléctrica en medio de un escándalo por denuncias de corrupción
Demian Reidel renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, luego de quedar bajo sospecha por presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones, que derivaron en una fuerte crisis interna y en la intervención del propio directorio. En su reemplazo, el directorio designó a Juan Martín Campos como nuevo presidente de la compañía.
Denuncias cruzadas, licitaciones bajo sospecha y una interna que sacude a la empresa nuclear que preside Reidel
La salida de Reidel es un golpe más a Javier Milei, de quien el físico y economista es muy allegado. Horas antes de conocerse la noticia, la justicia procesó a Diego Spagnuolo, otro allegado del Presidente, por la trama de sobrepresión en la ex ANDIS.
La renuncia de Reidel llega tras semanas de denuncias cruzadas dentro de la empresa, cuestionamientos por posibles sobreprecios y una decisión inédita del directorio: congelar la firma del presidente y concentrar el control administrativo en los gerentes, una señal clara de desconfianza hacia la conducción de Reidel.
Reidel había festejado hace apenas semanas la intervención de Milei en el Foro de Davos, en el marco del cual presentaron un paper por el que se creen merecedores del Nobel de economía: “Cuando regulación mata crecimiento”. Ya en julio pasado Reidel había renunciado como jefe de asesores de Milei para hacerse cargo exclusivamente de NA-SA. Entonces había dicho que el problema del país “es que está poblado por argentinos”.
Licitaciones bajo sospecha y denuncias internas
La crisis en Nucleoeléctrica se desató a partir de sospechas sobre procesos de licitación, especialmente en contrataciones de servicios de limpieza, que generaron enfrentamientos entre directivos, gerentes y el propio presidente de la empresa. Si bien Reidel negó públicamente cualquier irregularidad y sostuvo que las denuncias formaban parte de una interna de poder, el avance de las investigaciones administrativas y el endurecimiento del directorio debilitaron de manera progresiva su posición.
Las denuncias —algunas de ellas elevadas al Comité de Integridad y otras en análisis para su judicialización— apuntaron a presuntos sobreprecios y direccionamiento de contratos, en una compañía estratégica del Estado que históricamente había sido presentada como superavitaria y con estándares técnicos elevados.
Una empresa de limpieza y parquizado -M&G- había presentado una denuncia interna en NASA, otra competidora -Distribón- había recurrido a la Justicia, mientras que el gerente de planta, Juan Pablo Nolazco Sáenz, un hombre de la línea de la compañía, también había acusado a la conducción ante el mencionado comité. Los tres apuntaron a que se favorecía a una tercera firma. LX, propiedad de Gabriel Bonetto, exaportante del PRO. Otras compañîa habían cuestionado las licitaciones: Euro Clean y Claryty.
En ese contexto, el directorio resolvió iniciar sumarios administrativos y suspender a dos gerentes clave, una decisión que profundizó el conflicto interno y dejó expuesta la fractura en la cúpula de la empresa.
La central atómica de Atucha.Una empresa estratégica bajo la lupa
La salida de Reidel se produce en un momento delicado para Nucleoeléctrica, una empresa clave para el sistema energético argentino y para la política nuclear del país. Las denuncias pusieron en discusión no solo la conducta de sus autoridades, sino también los mecanismos de control y transparencia en las empresas públicas bajo la actual gestión.
Desde hace más de siete años, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) mantiene un superávit sostenido que al 30 de junio de 2025 implicó el 27,7% de sus ingresos. En 2024 y 2023, los superávits fueron de $239.827 millones (33,2%) y $235.231 millones (62,1%), respectivamente. Sin embargo, el Gobierno incluyó a la empresa que opera las tres centrales nucleares que tiene el país entre los objetivos a privatizar y lleva adelante un proceso de desinversión que implica una reducción del gasto del 43% en comparación a 2023.
La intención del Gobierno es poner a la venta e 44% de sus acciones. Así la Nación se quedaría con el 51% restante e incluiría a los trabajadores dentro del esquema accionario, quienes obtendrían el 5% del capital social. De acuerdo a estimaciones oficiales, la valuación total de la empresa varía entre US$ 560 millones y US$ 1.000 millones, es decir que el valor que se está ofreciendo a la venta ronda entre los US$ 246 millones y US$ 440 millones.
Con información de agencia NA
MC
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