La Justicia de Ecuador niega el 'habeas corpus' al exvicepresidente Jorge Glas

La Justicia de Ecuador ha negado al exvicepresidente Jorge Glas, condenado a 13 años de cárcel por corrupción, la solicitud de 'habeas corpus' presentada por su defensa, una decisión que llega dos días después de que el propio Glas alegase "tratos crueles y degradantes" durante su reclusión en un centro penitenciario de máxima seguridad, en el que asegura que su estado de salud se ha deteriorado.

"No se establece en el sentido estricto de la condición de los informes, médicos y tratamientos clínicos, psiquiátricos y psicológicos, que exista una situación de gravedad o que se determine una necesidad para llevar al señor Glas hacia una casa de salud", ha dictaminado el juez Jean Daniel Valverde, según ha recogido el diario ecuatoriano 'Primicias'.

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Valverde, asimismo, ha afirmado que "no existe violación de derechos en contra" del exvicepresidente, que, de este modo, deberá seguir cumpliendo condena en la cárcel del Encuentro, en la ciudad de Santa Elena.

Glas alegó tener una asistencia sanitaria limitada e insuficiente y denunció ser víctima de "tratos crueles y degradantes", así como de "una tortura psicológica sistemática".

El que fue vicepresidente de Rafael Correa en 2013 y con Lenín Moreno en 2017 cumple dos sentencias por cohecho y asociación ilícita en los casos Obedrecht y Soborno. Sobre él pesa además una condena de primera instancia a trece años de cárcel por el caso Reconstrucción de Manabí.

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Tras haber cumplido parte de una pena conjunta por delitos de corrupción, Glas pudo acceder a un régimen de prelibertad con ciertas condiciones, hasta que en diciembre de 2023 ingresó en la embajada de México. En abril de 2024, fue sacado por la fuerza de esa sede diplomática, pese a haber recibido asilo del Gobierno mexicano, entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador.

Después de su detención, el exvicepresidente fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en el suroeste del país, y ya este año fue condenado a 13 años de prisión por un presunto delito de peculado en el ya mencionado caso 'Reconstrucción de la provincia de Manabí', relacionado con la gestión posterior al terremoto de 2016.