De narco y elecciones

Se ha especulado mucho sobre la muerte de Rubén Oseguera, alias “El Mencho”. Por lo que me he informado, parece que ya estaba en un proceso de deterioro de su salud, requería diálisis, dieta especial y tenía afectada su movilidad, lo cual lo hacía más vulnerable. Si al huir fue herido, es muy probable que no hubiese sobrevivido. No me parece que la Secretaría de la Defensa explique de manera clara su fallecimiento.

Como siempre, surgen especulaciones: que muerto era mejor para que no hablara; que en realidad está vivo; que hubo un acuerdo para su entrega porque ya era un peso para su organización; y una serie de teorías conspirativas que me parecen absurdas. Si hubiese sobrevivido y estuviera preso, sin duda el riesgo de que sus grupos intentaran rescatarlo habría sido una amenaza para la población civil, pues el intento sería, sin duda, violento.

Acabar con las cabezas del narco no implica terminar con esta actividad. De hecho, estas acciones elevan el precio de los estupefacientes en los mercados ilegales y vuelven más lucrativa la actividad. Mientras exista demanda, habrá oferta. La decisión personal de consumir drogas difícilmente cambiará. Puede incidirse, sin duda, en la prevención; pero mientras los gobiernos no regulen el mercado y el negocio siga siendo atractivo, el narcotráfico prevalecerá en todos los países del mundo.

Al observar el mapa de la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en México, las únicas zonas que no aparecían eran las controladas por el Cártel de Sinaloa y algunas más. Sin embargo, el narcotráfico tiene presencia en todo el país. Por eso, cuando la presidente Sheinbaum llama a defender la soberanía ante posibles incursiones extranjeras, parte de la población responde que no saldrá a defender a los narcos. Un Estado que no controla su territorio no puede ser soberano.

Si bien resulta alentador que el secretario de la Defensa afirme que el gobierno aún tiene capacidad de imponerse sobre los delincuentes, lo cierto es que la sociedad está harta de la expoliación del crimen organizado: cobro de derecho de piso, asaltos en carreteras, secuestros, asesinatos, trata de personas, reclutamiento forzoso de jóvenes, desapariciones y un largo etcétera.

Acabar con un cártel tan poderoso como el CJNG es una labor difícil. Sin embargo, esta coyuntura debería aprovecharse para debilitarlo. Su presencia nacional e internacional en más de 20 países, su capacidad financiera y su poder bélico con armamento sofisticado hacen que este reto requiera la intervención decidida de las fuerzas de seguridad. Desde luego, la cooperación con Estados Unidos resulta vital. Es una buena noticia que se haya recuperado esta colaboración, aunque incluso Trump quiera adjudicarse el mérito. La noticia de la resistencia de los grupos delincuenciales, con bloqueos de carreteras, coches bomba y enfrentamientos armados, dio la vuelta al mundo.

En México, la falta de información generó pánico, pues las redes sociales se utilizaron para difundir videos amenazantes e imágenes falsas sobre lo que ocurría. Fue hasta la tarde del domingo cuando la SEDENA informó de lo acontecido. La duda es: ¿qué sigue? ¿La sucesión de “El Mencho” se dará por acuerdos o mediante violencia entre sus células? ¿Se tenía pactada la sucesión ante la enfermedad de su líder? ¿Tendrán las fuerzas armadas y la Guardia Nacional la capacidad de imponer orden? ¿Habrá ataques contra ellas? ¿Qué debe hacer la población civil? ¿Se continuarán acciones para desmantelar al cártel, como ocurrió cuando se debilitó a Los Zetas, o proliferarán liderazgos menores?

El narcotráfico ha participado en elecciones de gobernadores, del Congreso y del Ejecutivo. Los recursos ilícitos —incluido el secuestro en Sinaloa de liderazgos del PRI, la intervención en Tamaulipas y el uso de recursos para comprar representantes de otros partidos e impedir recuentos— demuestran que el narco se ha infiltrado en procesos electorales y en gobiernos estatales y municipales. También impone candidatos o amenaza a autoridades, especialmente locales, para controlar gobiernos.

Cuando la presidente afirma que no hay denuncias ni carpetas de investigación contra narcopolíticos, como en el caso de “La Barredora”, resulta difícil de creer. Los delitos de alto impacto deben perseguirse de oficio. Denuncias existen; no sabemos si el miedo, la complicidad o ambas cosas paralizan a la autoridad. Asimismo, el llamado “huachicol fiscal” apuntala recursos de procedencia ilícita en procesos electorales.

Sin duda, el operativo fue bien recibido por la opinión pública y abonará a favor de la presidente. Pero otra amenaza asoma: la reforma electoral. Esta podría convertirse en un mecanismo de permanencia en el poder para la 4T. No se aborda con suficiente énfasis el tema de los recursos ilícitos en procesos electorales, ni se plantea la pérdida de derechos para quienes los reciben. Se pone fin al Servicio Profesional de Carrera y el INE operaría con personal eventual durante los procesos, con cómputos distritales inmediatos y la posible desaparición del conteo ciudadano en casillas, así como del PREP.

El crimen organizado tiene capacidad de movilización para apoyar partidos y candidatos afines. Cuenta con recursos para debilitar policías e imponer candidaturas. Puede financiar campañas, pagar funcionarios de casilla y representantes partidistas. Los plurinominales podrían dejar de representar minorías y convertirse en mecanismos de control partidista, pues sería imposible que el ciudadano conozca a todos los candidatos para decidir su voto con plena información. Nombrar diputados a segundos lugares sin haber ganado el distrito aseguraría posiciones a Morena.

Quienes tienen la palabra son el PVEM y el PT. Enfrentarán presiones para apoyar a la 4T. La iniciativa se presentará en busca de consenso, pero los partidos saben a qué se enfrentan con un proyecto que podría restarles espacios y recursos. Apoyar una reforma que limite la representación plural para mantener a Morena en el poder, en medio de críticas por problemas en salud, educación, crecimiento económico, deuda pública y seguridad, sería un desatino. El costo podría ser alto para la oposición y sus aliados. En las próximas semanas veremos si resisten o si terminan aprobando, al menos en parte, una reforma electoral regresiva.