El debate sobre las herramientas de privacidad cripto dio otro giro esta semana. Solana Policy Institute (SPI) anunció que donará $500,000 para apoyar la defensa de Roman Storm y Alexey Pertsev, dos desarrolladores detrás de Tornado Cash.
El protocolo permite a los usuarios realizar transacciones privadas sin depender de la custodia de terceros. Ambos desarrolladores enfrentan condenas y largas penas de prisión. La medida plantea preocupaciones más amplias sobre cómo los gobiernos tratan a los creadores de software de código abierto.
Según un comunicado de SPI, Storm y Pertsev fueron señalados por su papel en el despliegue de Tornado Cash, un protocolo de privacidad cripto que ya no controlaban después del lanzamiento.
Roman Storm fue condenado a principios de este mes en EE.UU. por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Alexey Pertsev fue condenado el año pasado en los Países Bajos por cargos de lavado de dinero. Ambos hombres están actualmente apelando sus casos.
Tornado Cash opera como software de código abierto, lo que significa que los desarrolladores no podían cambiar quién accedía al protocolo una vez implementado.
SPI argumentó que las acciones legales contra los dos hombres se basan en una incomprensión fundamental de la mecánica de blockchain. El grupo advirtió que procesar a los desarrolladores por el mal uso del código envía un mensaje peligroso a la industria del software en general.
En redes sociales, el Solana Policy Institute enfatizó que estos casos crean un precedente alarmante. El grupo señaló que si los gobiernos pueden acusar a los desarrolladores por el mal uso de otros, podría disuadir la nueva innovación.
Esta posición hizo eco de preocupaciones anteriores expresadas por defensores de las criptomonedas, quienes argumentan que la responsabilidad legal no debería extenderse a los autores del código sin rol operativo.
El instituto también señaló la competencia global por el talento de los desarrolladores. Al responsabilizar a los programadores por el mal uso independiente del software, los reguladores corren el riesgo de empujar la innovación al extranjero. El anuncio de financiación señala el compromiso de SPI de apoyar a quienes continúan desafiando estos resultados legales.
En declaraciones recientes, el Fiscal General Adjunto interino Matthew R. Galeotti afirmó que escribir código por sí solo no debería constituir un delito.
Enfatizó que el Departamento de Justicia no utilizaría acusaciones como sustituto de la formulación de políticas. SPI dio la bienvenida a esta posición, diciendo que esperaba ver el nuevo enfoque reflejado en los procesos judiciales activos.
Se espera que Storm presente mociones posteriores al juicio en EE.UU., mientras que Pertsev ya ha apelado su caso. El apoyo financiero de SPI podría ayudarles a seguir estrategias legales extendidas mientras continúan desafiando su caso.
Las voces de la industria han argumentado durante mucho tiempo que los protocolos de privacidad como Tornado Cash son herramientas neutrales. Al donar a la defensa, SPI reforzó su postura de que los desarrolladores de código abierto no deberían enfrentar sanciones penales por código que no pueden controlar. La organización señaló que seguirá defendiendo a quienes se encuentren en disputas similares.
La publicación $500,000 Pledge: Solana Policy Institute Steps In for Tornado Cash Case apareció primero en Blockonomi.

