Riesgos estructurales en la economía mexicana

La semana pasada quedó claro que los riesgos económicos de México no provienen únicamente de la volatilidad externa, sino de tensiones internas que se entrelazan con la estabilidad financiera. Tres temas concentran la atención y marcan la agenda: la reforma laboral, los controles antilavado y el pulso de los mercados financieros. Cada uno, por sí mismo, representa un desafío; juntos, configuran un mapa de riesgos que exige atención inmediata y consensos sólidos. 

El Senado aprobó la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con implementación gradual hasta 2030. El debate avanza en el Congreso mientras distintos actores hacen públicas sus posturas. Para los sindicatos, representa un paso hacia la dignificación del trabajo y la mejora en la calidad de vida de millones de empleados. Para los empresarios, en cambio, significa un riesgo de pérdida de competitividad en sectores con baja automatización y márgenes estrechos. 

El riesgo inmediato es que, sin políticas de transición, las empresas recurran a esquemas informales para compensar costos, debilitando la formalidad laboral. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la medida podría incrementar los costos de nómina hasta en 15% para pequeñas y medianas empresas. Además, estima que, sin subsidios o apoyos fiscales, alrededor de 200,000 empleos formales podrían migrar a la informalidad en los próximos tres años. 

En contraste, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recuerda que la tendencia global apunta hacia jornadas más cortas como mecanismo de bienestar y productividad a largo plazo. Señala que países que han reducido las jornadas laborales reportan incrementos de hasta 5% en productividad a mediano plazo, siempre que se acompañe de innovación tecnológica y capacitación. El dilema es claro: avanzar en derechos laborales sin sacrificar competitividad requiere políticas complementarias, incentivos fiscales y un plan de transición que evite que la reforma se convierta en un incentivo para la informalidad. 

Controles antilavado: sanciones récord y reputación en juego

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones récord por más de 1,154 millones de pesos a bancos e instituciones financieras en 2025, tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre operaciones vinculadas al crimen organizado. Este hecho refleja la presión internacional sobre México para fortalecer sus mecanismos de supervisión y cumplimiento. 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reiteró que México debe reforzar sus controles para evitar riesgos de inclusión en listas grises. La reputación financiera está en juego: un país con debilidades en controles antilavado enfrenta mayores costos de financiamiento externo y menor confianza de inversionistas. Según estimaciones del Banco Mundial, un país en lista gris enfrenta un incremento de hasta 30 puntos base en el costo de financiamiento externo. Además, el debilitamiento en controles podría reducir la inversión extranjera directa en 0.5% del PIB anual, equivalente a más de 150,000 millones de pesos. 

De tal manera que sin un sistema robusto de cumplimiento, los avances en inclusión financiera y digitalización pueden convertirse en vulnerabilidades. La paradoja es que México ha impulsado la expansión de fintech y la bancarización digital, pero sin controles sólidos, estas innovaciones pueden abrir nuevas puertas al lavado de dinero. El reto es equilibrar innovación con regulación, evitando que la reputación financiera se erosione en un momento en que la confianza internacional es vital. 

Mercados financieros: resiliencia con fragilidad latente 

El peso mexicano cerró la semana en 17.18 unidades por dólar, recuperando terreno tras jornadas de pérdidas, impulsado por un repunte global y el apetito por riesgo. La Bolsa Mexicana de Valores alcanzó nuevos máximos con ganancias moderadas, mientras los Cetes mostraron bajas en tasas pero alta demanda, reflejo de prudencia monetaria y confianza en instrumentos gubernamentales. 

Sin embargo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) reafirmó un crecimiento del PIB de apenas 1.3% para 2026, con expectativas de inflación al alza. La mezcla mexicana de petróleo se mantiene en torno a 59 dólares por barril, pero una caída de 10 dólares reduciría los ingresos públicos en más de 120,000 millones de pesos anuales, afectando directamente la capacidad fiscal del Estado. 

La resiliencia del mercado cambiario y bursátil depende de que los riesgos internos —reforma laboral y controles antilavado— no se conviertan en detonantes de salida de capitales. Un shock externo, como una subida de tasas en Estados Unidos o una caída en el precio del petróleo, combinado con incertidumbre interna, podría generar salida de capitales por hasta 5,000 millones de dólares en un trimestre, presionando el tipo de cambio hacia los 18 pesos por dólar. 

Este escenario muestra que la estabilidad aparente de los mercados es frágil y depende tanto de factores externos como de la capacidad interna para gestionar reformas y fortalecer instituciones. 

Conclusión: México enfrenta un delicado equilibrio y la economía no puede permitirse que las controversias internas amplifiquen la volatilidad externa. La clave estará en la capacidad del Estado y del sector privado para construir consensos que reduzcan riesgos y fortalezcan la confianza. 

La semana pasada nos recordó que los riesgos no son abstractos: se traducen en costos, en empleos, en inversión y en confianza. México necesita políticas claras, instituciones sólidas y un compromiso compartido para que las reformas y los mercados no se conviertan en fuentes de incertidumbre, sino en pilares de estabilidad.