Escala la polémica por la inflación: diputados acusan a Caputo de interferir en el INDEC

Legisladores nacionales del peronismo presentaron este martes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y al cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La acusación incluye cargos por “violación de los deberes de funcionario público”, “violación de secretos y deberes de confidencialidad”, “falsificación de documentos públicos” y por la presunta violación del secreto estadístico previsto en la Ley 17.622.

La presentación fue realizada por la diputada Julia Strada, junto a sus pares del bloque Unión por la Patria Germán Martínez y Paula Penacca, quienes difundieron el contenido de la denuncia a través de redes sociales.

Strada anunció la denuncia en su cuenta de la red social X y sostuvo que el ministro “incurrió en irregularidades varias vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.

La denuncia se centra en dos ejes: la decisión de mantener el cálculo del IPC bajo una metodología que, según los denunciantes, debía ser actualizada en enero de 2026, y la publicación anticipada de datos vinculados a la inflación antes de su difusión oficial.

El planteo se inscribe en un contexto de debate político por la conducción del organismo estadístico y por el impacto que las variaciones del IPC tienen sobre jubilaciones, paritarias y contratos indexados.

La decisión sobre el cálculo del IPC

En la denuncia, los diputados señalan que el ministro “ordenó que se mantenga el cálculo índice de precios al consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados”.

Según el texto, en octubre de 2025 el INDEC había resuelto aplicar una nueva forma de cálculo a partir de enero de 2026.

“Esta decisión del Ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor”, sostiene la presentación.

De acuerdo con los denunciantes, esa conducta sería contraria a la Ley 17.622, que regula el funcionamiento del sistema estadístico nacional. “Se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad”, afirma el escrito.

El impacto sobre jubilaciones y paritarias

La denuncia advierte que la decisión sobre el índice tendría “graves consecuencias sociales, económicas y políticas”, ya que el IPC impacta en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por acuerdos paritarios.

“El IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional, dado que impacta directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino”, señala el documento.

Los diputados también recordaron que ya habían presentado un pedido de interpelación al ministro ante el Congreso, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional.

La acusación por violación del secreto estadístico

El segundo eje de la denuncia se refiere a la publicación de información vinculada al IPC antes de su comunicación oficial.

“El ministro Caputo publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique. Y adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial”, sostiene la presentación.

Para los denunciantes, ese accionar configuraría una “violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622”.

En su publicación, Strada afirmó que el ordenamiento jurídico argentino “ha establecido un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales”, y concluyó: “Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”.