Abrazada por Trump, la Doctrina Monroe ahora está en la mira de legisladores demócratas del ala izquierda

WASHINGTON.– Un grupo de representantes del ala progresista del Partido Demócrata propuso este martes una resolución legislativa para poner fin a la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, lo que se conoce como la Doctrina Monroe.

La resolución, que no tiene vigor de ley, pide sustituir esa política de vigilancia e intervención de Estados Unidos en la región con una política de “Nuevo Buen Vecino” para “fomentar mejores relaciones y una cooperación más profunda y eficaz”, señala el texto al que tuvo acceso la agencia AFP.

La llamada Doctrina Monroe, que el presidente estadounidense Donald Trump actualizó en un documento de estrategia militar y diplomacia el año pasado, fue propuesta por el presidente James Monroe en 1823, durante su doble mandato en la Casa Blanca (1817-1825).

Esa doctrina de “América para los americanos” establecía el derecho de Estados Unidos a enfrentar las veleidades imperialistas de las potencias europeas de la época, como Gran Bretaña, Francia o Alemania.

Pero con el tiempo la Doctrina Monroe “vino a ser interpretada por muchos responsables en Estados Unidos como un mandato para interferir en los asuntos soberanos” de los países vecinos, explica el documento.

La resolución, presentada principalmente por la representante Nydia Velázquez (Nueva York), hace un listado de todas las intervenciones militares, directas o indirectas, de Washington al sur de su frontera.

Además, propone acabar con el embargo a Cuba, enmendar leyes que permiten al presidente de turno imponer sanciones sin control del Congreso y revisar inmediatamente cualquier tipo de ayuda bilateral si se produce un cambio de gobierno “extraconstitucional” en un país de la región.

También propone la creación de una contraloría independiente en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras medidas.

La resolución, apoyada inicialmente por 18 legisladores, según Nydia Velázquez, ya fue debatida en 2024, sin llegar a una etapa de votación.

Los recientes acontecimientos ameritan que vuelva a ser presentada, aseveró.

“Controlar recursos naturales”

“Hace tan solo unas semanas, el gobierno llevó a cabo una operación militar ilegal en Venezuela”, declaró Nydia Velázquez, en alusión al bombardeo y captura en Caracas del entonces presidente Nicolás Maduro, que ella calificó de “secuestro”.

El presidente Trump ordenó esa intervención, que luego presentó como la aplicación de lo que él califica de Doctrina “Donroe”, que actualiza la anterior política y considera que Washington debe intervenir en la región para prevenir movimientos migratorios masivos, o la presencia amenazante de otras potencias como China.

Trump reconoció además que el principal objetivo económico del ataque era controlar el petróleo venezolano.

“Esto no va de luchar contra el narcotráfico o promover democracia. Se trata de un cambio de régimen, y de controlar los recursos de otras naciones”, criticó Velázquez.

La resolución tiene escasas posibilidades de ser aprobada en una Cámara de Representantes que está dominada por los republicanos.

La rueda de prensa de Velázquez y otros legisladores progresistas, como Delia Ramírez y Rashida Tlaib, contó con testimonios de víctimas de golpes de Estado en la región, como Jennifer Harbury, activista de derechos humanos cuyo marido fue torturado y desapareció en Guatemala en plena guerra civil en 1992.

Harbury acusó a Estados Unidos de haber precipitado ese conflicto de décadas al participar en el derrocamiento del presidente reformista Jacobo Árbenz, en 1954.

“Estados Unidos insistió en que haría de Guatemala un ejemplo de democracia”, recordó la abogada y activista.

“Lo que siguió fue un baño de sangre”, repuso.

Estados Unidos asegura que el reciente derrocamiento de Nicolás Maduro permitirá a mediano plazo a Venezuela volver a la democracia mediante nuevas elecciones legislativas. Mientras tanto, la estabilidad económica será garantizada con la explotación petrolífera, en manos de multinacionales.

Agencia AFP