Conflictos culturales

México posee un acervo artístico y cultural vasto y muy rico, vinculado a su historia. Existen leyes para proteger ese patrimonio del tráfico y venta ilegal. A su vez, las leyes protegen la propiedad privada de quienes han heredado o adquirido en forma legal piezas artísticas. Me referiré a dos conflictos que son de naturaleza diferente sobre dos importantes acervos artísticos.

El primero trata de 148 obras de Diego Rivera y 126 de Frida Kahlo, y piezas de otros artistas que pertenecieron a Dolores Olmedo. Al fallecer, en 2002, dispuso en su testamento que, en su residencia de La Noria, en Xochimilco, se instalara un museo para exhibir la totalidad de su acervo para el disfrute del público. Expresamente estableció que dicho acervo nunca debería abandonar La Noria y que solo podían ser prestadas obras temporalmente con autorización del Comité Técnico, presidido por su hijo Carlos Phillips Olmedo (CPO). En 2016, sin mayor explicación —refiere Hilda Trujillo, quien fungió por 18 años como directora del Museo—, CPO modificó íntegramente el contrato de fideicomiso hasta que, en marzo de 2020, dispuso la revocación del fideicomiso de NAFIN y que este se otorgara a CI Banco. No hubo explicaciones y Trujillo fue prácticamente cesada. Acusó públicamente a CPO de opacidad, mala gestión e incumplimiento de la voluntad testamentaria de doña Lola.

Con motivo de la pandemia, el Museo cerró por cinco años para fines de restauración y mejoras a los sistemas de conservación y de seguridad. Mientras tanto, CPO determinó que se construyera, con el apoyo de las autoridades, una nueva sede en el Parque Aztlán, en Chapultepec, para albergar todas las obras. Por lo pronto, La Noria abrirá sus puertas en mayo próximo, con lo que la confusión sigue. No ha quedado clara la razón de querer mover el acervo al Parque Aztlán, que parecería un despropósito teniendo la bella residencia de La Noria. Tampoco se han aclarado las acusaciones de supuesta opacidad en el manejo del Museo y del Comité Técnico. Y lo más importante, se está desconociendo la última voluntad de la legataria. Es importante atender este conflicto para no arriesgar este importante patrimonio cultural nacional. Este caso presenta un área legal gris, porque si bien se trata de un fideicomiso y un acervo privados, las obras son parte del patrimonio de la nación. Por ende, le aplican las leyes en la materia.

El segundo conflicto fue ampliamente reseñado por Guadalupe Loaeza (Reforma, 5 de febrero) y se refiere a la colección Jacques y Natasha Gelman, un importante acervo de 300 obras que incluye a Rivera, Kahlo, Tamayo y Siqueiros. Fue integrado por la pareja durante más de 50 años. El testamento de 1993 de los Gelman estipula que la colección debe permanecer en México, unida y no desintegrada. Al parecer, el albacea Littman ilegalmente vendió el acervo a la familia Zambrano, de Monterrey, en 2023, y en subastas internacionales se hizo evidente su fragmentación. Ahora se da la noticia de que, con la venia de Zambrano, la colección la tiene la Fundación Banco Santander y que, a partir de junio, se exhibirá en El Faro Santander, en Cantabria, España.

Estos dos casos ponen en evidencia la falta de una sólida política de cultura y la complacencia y falta de interés de las autoridades para mediar por la conservación del patrimonio nacional de obras históricas importantes.