El Gobierno giró $190.000 millones por coparticipación a la Ciudad y se distiende la relación con Pro

Luego de mucho peregrinar al Ministerio de Economía y de apelar a los buenos oficios del ministro del Interior, Diego Santilli, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a cargo de Jorge Macri logró que la Nación desembolsara $190.000 millones en concepto de las transferencias por coparticipación que habían sido pactadas bajo el paraguas de la Corte Suprema.

La decisión, que se cristalizó por medio de la decisión administrativa N°2, es un reflejo de la intención, tanto del gobierno nacional como del gobierno porteño –incluida la cúpula de Pro-, de recuperar la pax política tras una seguidilla de cortocircuitos que, a fines del año pasado, desgastaron su relación de aliados. Entre las desavenencias figura, justamente, la deuda que acumula la Nación con la ciudad por la demora en hacer efectivas las transferencias por coparticipación.

Este pago de $190.000 millones ayuda a distender los ánimos –de hecho, Pro ya anticipó que votará a favor de la ley de modernización laboral en el Congreso-, pero no resuelve del todo el problema. Sucede que, pese a la insistencia del gobierno de la Ciudad, la Nación se muestra renuente a sistematizar los pagos con un cronograma definido de montos y fechas. Si bien cumple con el goteo diario y automático del 1,40% de coparticipación, en los últimos meses ralentizó el pago del restante 1,55%, a realizarse por transferencias semanales.

Así las cosas, la deuda acumulada desde agosto pasado al día de hoy alcanza los $530.000 millones, según fuentes porteñas.

En diciembre último, en las vísperas de la discusión del presupuesto 2026, el gobierno de Macri logró, a instancias de Santilli –quien todavía reviste en las filas de Pro- la inclusión en el texto de un artículo que facultaba al jefe de Gabinete “a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para cumplir con los pagos que ordena la Corte. No se estipulaban montos ni fechas, pero igual Macri quedó satisfecho.

Sin embargo, durante la discusión del articulado del presupuesto, la oposición rechazó el capítulo que contenía este artículo, por lo que la Ciudad se quedó con las manos vacías. Esto exacerbó los ánimos dentro de Pro que, para peor, vio perder en esa misma sesión la posibilidad de ocupar un lugar en la Auditoría General de la Nación luego de que el oficialismo lo dejara fuera de carrera tras pactar con bloques provinciales.

La relación parecía encaminarse hacia una ruptura pero, finalmente, las aguas volvieron a su cauce: el Gobierno necesita a Pro para aprobar sus leyes en el Congreso y la Ciudad necesita del apoyo libertario para llevar adelante su gestión.

Fondos para el Senado

Además de asignarle fondos a la Ciudad, en la misma decisión administrativa el Gobierno destinó $10.611 millones al Senado de la Nación en concepto de bienes y servicios y otros $3.689 millones para la provisión de maquinaria y equipo.

En diciembre pasado, la vicepresidenta Victoria Villarruel alertó que el presupuesto aprobado para el Senado no preveía ningún aumento para este año, por lo que el funcionamiento del cuerpo podía verse afectado si los fondos no llegaban a tiempo.

“Ya estamos en rojo”, alertó la vicepresidenta por entonces y delegó en las autoridades del bloque libertario las gestiones para remediar la situación. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó elevar más las tensiones con Villarruel y acusó recibo: admitió que hubo un “error” en las planillas que será subsanado una vez que se promulgue el Presupuesto.

El auxilio presupuestario llegó y lo hizo en el momento justo: la semana que viene el Gobierno aspira a tratar en el recinto del Senado la media sanción de la reforma laboral.