Human Rights Watch advierte sobre recortes a ayudas sociales y el límite a las protestas en la gestión Milei

La ONG Human Rights Watch (HRW) expresó este miércoles en su informe anual su preocupación por los recortes en la financiación pública de programas sociales en Argentina, las restricciones a la libertad de reunión e “intentos de socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo” durante el segundo año de mandato del presidente Javier Milei.

El informe subrayó además entre los elementos más importantes del apartado sobre Argentina que, aunque la desaceleración de la inflación ayudó a reducir la pobreza (según los datos oficiales), “la proporción de trabajadores informales aumentó”, dejando a más argentinos en una situación laboral precaria.

Derecho a la libertad de reunión y libertad de expresión

HRW señaló que en mayo de 2025 expertos de la ONU alertaron sobre “el deterioro del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023” y destacó una protesta del pasado 12 de marzo frente al Congreso, donde las fuerzas de seguridad actuaron de forma “indiscriminada y temeraria”, dejando al menos 20 heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, con una grave lesión en la cabeza tras ser impactado por una granada de gas lacrimógeno.

El informe destacó además que Milei y otros funcionarios han usado “un discurso hostil para estigmatizar a periodistas independientes” y advirtió sobre la aprobación por parte de la agencia de inteligencia de un plan de vigilancia de personas que socavarán la confianza pública en funcionarios o en la política económica.

Instituciones democráticas y corrupción

La ONG enfatizó que el Congreso argentino lleva años sin reunir la mayoría necesaria para designar un procurador general, un defensor del pueblo y jueces que ocupen los asientos vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

En febrero de 2025, Milei emitió un decreto presidencial para designar a dos jueces en la Corte Suprema, eludiendo al Senado, que en abril rechazó las designaciones, dejando al tribunal con solo tres miembros en lugar de los cinco previstos.

En materia de corrupción, destacó que la Corte Suprema en 2025 confirmó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

HRW mencionó también las denuncias de corrupción contra Milei y su entorno, incluyendo una por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, que dejó a miles de inversores damnificados, y otra sobre compras de medicamentos con sobreprecios en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Derechos económicos, sociales y culturales

En materia económica, el informe subrayó el avance durante el segundo año de gobierno de Milei de “recortes severos a la financiación pública de servicios y programas esenciales, incluyendo educación, pensiones, salud y apoyo a personas con discapacidad”.

Remarcó también el aumento del empleo informal y mencionó los intentos del Gobierno por bloquear iniciativas del Congreso para aumentar las pensiones y los fondos para personas con discapacidad y las universidades.

Derechos de las mujeres, personas con discapacidad y de la comunidad LGBI+

HRW denunció que el Gobierno profundizó durante 2025 los recortes a programas contra la violencia de género, cerrando 81 Centros de Acceso a la Justicia, que brindan servicios de atención legal primaria gratuita.

El informe advirtió también sobre una disminución de fondos para implementar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y recortes a pensiones no contributivas, además de retrasos en pagos a proveedores de servicios para personas con discapacidad.

Además, alertó sobre un aumento de agresiones y asesinatos por razones de género y subrayó que Milei continuó realizando en 2025 comentarios negativos sobre el matrimonio igualitario, la identidad de género y la educación sexual inclusiva. EFE

El informe completo

El segundo año de gobierno del presidente Javier Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo. Como sostuvo el gobierno, la baja de la inflación contribuyó a reducir los niveles de pobreza; la proporción de trabajadores informales aumentó. 

Instituciones democráticas

Durante años, el Congreso no ha logrado reunir la mayoría de dos tercios necesaria para nombrar al procurador general, defensor del pueblo y a dos magistrados vacantes de la Corte Suprema de Justicia.

El 26 de febrero de 2025, el presidente Milei firmó un decreto para nombrar al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. La decisión pasó por alto al Senado, órgano encargado de nombrar a los magistrados. En abril, el Senado rechazó el nombramiento de ambos magistrados, dejando sin efecto el decreto del presidente Milei. Al momento de redacción de este capítulo, los puestos seguían vacantes, lo que dejaba al máximo tribual, compuesto por cinco miembros, con solo tres jueces en ejercicio.

Al momento de redacción de este capítulo, el Senado se encontraba debatiendo propuestas para ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema, una medida utilizada en el pasado para garantizar el control político sobre el máximo tribunal en Argentina. Otra propuesta en debate planteaba establecer una cuota de género para garantizar que las mujeres formen parte del tribunal. Actualmente, los tres jueces que componen la Corte Suprema son hombres. 

En septiembre, el Congreso inició el proceso para nombrar a un nuevo defensor del pueblo, cargo que ha permanecido vacante desde 2009, lo que ha hecho que este organismo de protección de derechos humanos sea en gran medida disfuncional. Al momento de redacción de este capítulo, el Congreso también estaba debatiendo el nombramiento de un nuevo defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cargo vacante desde marzo de 2025.

A julio, 330 cargos judiciales federales y nacionales—entre ellos jueces, fiscales y defensores públicos—seguían vacantes, lo que supone casi el 35 % del total. 

Derechos económicos, sociales y culturales

La inflación interanual al mes de agosto fue del 33,6 %, por debajo del 236,7 % registrado en 2024. Sin embargo, los precios de los bienes y servicios esenciales como vivienda, agua y energía aumentaron un 55,4 % para el mismo período. 

Las tasas de pobreza y pobreza extrema definidas a nivel nacional disminuyeron en 2025, aunque a un ritmo más lento que en 2024. Según datos oficiales, a junio de 2025 el 31,6 % de la población vivía en la pobreza, frente al 54,8 % registrado a junio de 2024. El 6,9 % de la población vivía en condiciones de pobreza extrema—que el gobierno define como la incapacidad de cubrir las necesidades alimentarias más básicas—y el 45,4 % de los niños menores de 14 años vivía en la pobreza para junio de 2025.

El gobierno continuó con la reducción del gasto público, lo que impactó en servicios y programas sociales destinados al cumplimiento de derechos como la educación y la salud. Los recortes también afectaron a las jubilaciones y las pensiones para personas con discapacidad. Sin embargo, amplió el presupuesto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un programa de transferencias monetarias no contributivas para familias de bajos ingresos con hijos o personas con discapacidad.

El presidente Milei vetó leyes aprobadas por el Congreso para aumentar las jubilaciones y el financiamiento de universidades públicas. También vetó la ley que declaraba la emergencia en discapacidad. El Senado anuló los vetos.

A junio de 2025, el 37,7 % de los trabajadores estaban empleados en el mercado laboral informal, es decir, sin estar registrados en el sistema de seguridad social, y 1,1 millones de personas estaban desempleadas. 

Corrupción

En junio, la Corte Suprema confirmó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude vinculado a proyectos de infraestructura ejecutados durante su presidencia (2007-2015). 

Fernández de Kirchner negó las acusaciones y acusó a los jueces de ser parte de una “mafia” que busca impedirle volver a ocupar cargos. 

En abril, el Congreso creó una comisión para investigar si el presidente Milei cometió un delito al utilizar sus cuentas en redes sociales para promocionar una criptomoneda que fracasó rotundamente y costó a los inversores unos US$250 millones. En noviembre, la comisión determinó que el presidente Milei desempeñó un “papel indispensable” en un “plan fraudulento”. Al momento de redacción de este capítulo, el caso estaba siendo investigado por los tribunales federales de Argentina.

En agosto, un medio de comunicación publicó unas grabaciones de audio en las que se señalaba que la hermana del presidente, Karina Milei, que ocupa un alto cargo en su gabinete, había recibido sobornos por la compra de medicamentos para personas con discapacidad por parte del gobierno. Por un pedido del Karina Milei, un juez prohibió la difusión de grabaciones de audio similares atribuidas a su persona, una medida que viola la libertad de expresión. Karina Milei retiró la medida cautelar después de la presentación de apelaciones en contra de la decisión del juez. 

Derecho de reunión pacífica

El 12 de marzo, cientos de jubilados y otros manifestantes se reunieron frente al Congreso Nacional en Buenos Aires para exigir mejoras en de las jubilaciones y en el acceso a medicamentos gratuitos. Aunque algunos manifestantes cometieron actos violentos, las fuerzas de seguridad respondieron en ocasiones con un uso de la fuerza indiscriminado e imprudente. Al menos 20 personas resultaron heridas, entre ellas el fotoperiodista Pablo Grillo, que fue alcanzado por un cartucho y sufrió una grave lesión cerebral. 

En mayo de 2025, varios expertos de la ONU expresaron su preocupación por el deterioro del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a 114 personas durante la protesta. Un juez de la ciudad de Buenos Aires ordenó la liberación de todas ellas. El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra el juez.

El protocolo “antipiquetes”, adoptado en diciembre de 2023, en la práctica criminaliza impedimentos al tránsito derivados de manifestaciones y permite a la policía utilizar la fuerza en una amplia gama de circunstancias. 

Libertad de expresión

El presidente Milei y altos funcionarios del gobierno han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas. Milei ha dicho en repetidas ocasiones que los argentinos “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y ha acusado a los periodistas, sin pruebas, de recibir sobornos. 

El diario La Nación informó en mayo que la agencia de inteligencia del país (SIDE) había aprobado un plan de inteligencia plurianual que incluía la vigilancia de personas que “socavaran la confianza pública en los funcionarios del gobierno o en la política económica”. El gobierno de Milei lo desmintió. 

Derechos de las mujeres y las niñas

El Registro Nacional de Femicidios reportó 228 femicidios—el asesinato de mujeres y niñas debido a su género—en 2024. 

El gobierno profundizó los recortes a los programas destinados a combatir la violencia de género y proporcionar asistencia urgente a las víctimas. 

En junio, el gobierno cerró 81 Centros de Acceso a la Justicia, que proporcionaban asistencia jurídica a personas de barrios de bajos ingresos, entre ellas muchas víctimas de violencia de género.

En 2020, el Congreso sancionó una ley que legalizó el aborto hasta la decimocuarta semana de gestación, permitiendo la interrupción del embarazo luego de ese período en casos de violación o cuando la vida o la salud de la persona gestante se encuentra en riesgo. Proyecto Mirar, una coalición de grupos de derechos humanos, reportó una fuerte caída en el financiamiento por parte del gobierno nacional para aplicar la ley.

Derechos de las personas con discapacidad

Durante la administración del presidente Milei, se realizaron auditorías aparentemente excesivas y recortes de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad. También se registraron retrasos en los pagos a los proveedores de servicios.

Orientación sexual e identidad de género 

En el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Milei hizo comentarios despectivos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género y la educación sexual inclusiva. 

Entre enero y junio de 2025, el Observatorio Nacional de Delitos de Odio contra las Personas LGBT+, una coalición federal de grupos de derechos humanos, documentó que 17 personas fueron asesinadas y 85 resultaron heridas por su sexualidad, expresión de género o identidad de género, lo que supone un aumento del 70 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Abusos pasados

En septiembre, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que 1.202 personas habían sido condenadas y 213 absueltas por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de 1976-1983.

Durante 2025, el gobierno recortó los fondos destinados a las políticas de memoria, verdad y justicia.

Política exterior

El gobierno de Javier Milei se ha opuesto a las resoluciones internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales y género, incluido el Pacto del Futuro.

En febrero, el gobierno anunció que retiraba a Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

Qué es HRW

Human Rights Watch investiga e informa sobre los abusos que se producen en todos los rincones del mundo. Componen la organización aproximadamente 500 personas de más de 70 nacionalidades, expertos en países, abogados, periodistas y otras personas que trabajan para proteger a los más amenazados, desde minorías vulnerables y civiles en tiempos de guerra, hasta refugiados y niños necesitados. Dirigen su labor de defensa hacia gobiernos, grupos armados y empresas, presionándoles para que cambien o hagan cumplir sus leyes, políticas y prácticas. Para garantizar su independencia, rechazan la financiación gubernamental y revisan cuidadosamente todas las donaciones para asegurarse que son coherentes con sus políticas, misión y valores. Colaboran con organizaciones grandes y pequeñas de todo el mundo para proteger a los activistas asediados y ayudar a que los agresores rindan cuentas y se haga justicia a las víctimas.

Su historia

“Human Rights Watch se fundó en 1978 como ”Helsinki Watch“, cuando empezamos a investigar los abusos contra los derechos en los países que firmaron los Acuerdos de Helsinki, sobre todo los que estaban detrás de la Cortina de Hierro. Desde entonces, nuestro trabajo se ha extendido a los cinco continentes. Investigamos masacres e incluso genocidios, junto con la toma de control de los medios de comunicación por parte de los gobiernos y las detenciones infundadas de activistas y figuras de la oposición política. Al mismo tiempo, hemos ampliado nuestro trabajo para abordar los abusos contra las personas susceptibles de sufrir discriminación, como las mujeres, las personas LGBT y las personas con discapacidad. Cuando las familias víctimas de crímenes de guerra no encontraron justicia en su país, defendimos la justicia internacional y los tribunales internacionales. Aunque nos basamos en entrevistas personales, nuestros métodos de investigación también han cambiado con los tiempos, y hoy utilizamos imágenes por satélite para rastrear la destrucción de pueblos y ciudades, y extraemos grandes volúmenes de datos en busca de patrones en las tasas de detención o deportación de inmigrantes. Todo lo que hacemos gira en torno a nuestro compromiso con la justicia, la dignidad, la compasión y la igualdad”.

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