A puerta cerrada, los funcionarios estadounidenses están reevaluando si seguir respaldando el Marco de Estructura del Mercado de Activos Digitales, un proyecto de ley destinado a estandarizar finalmente cómo se regula la criptomoneda a nivel nacional. La vacilación no proviene solo de los legisladores, sino que está siendo impulsada por una creciente frustración dentro de la Casa Blanca después de una ruptura en las relaciones con Coinbase.
Puntos Clave
Según el informe de Eleanor Terrett, altos funcionarios están discutiendo abiertamente si el apoyo continuo tiene sentido si los actores clave de la industria se niegan a cooperar. El mensaje que se está considerando es contundente: si Coinbase se retira, la Casa Blanca también podría hacerlo.
Durante meses, el proyecto de ley se enmarcó como un punto raro de alineación entre reguladores, legisladores y el sector cripto. Ese equilibrio cambió abruptamente cuando el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, rechazó públicamente el borrador, argumentando que afianza reglas financieras obsoletas en lugar de modernizarlas.
Las objeciones de Armstrong atraviesan múltiples líneas de falla. Advirtió que el marco margina los productos de rendimiento de stablecoin, bloquea efectivamente las acciones tokenizadas, otorga acceso amplio a los datos financieros de los usuarios y consolida el dominio de la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) sobre la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Su conclusión fue contundente: es mejor descartar el proyecto de ley que fijar lo que él considera fallas estructurales.
Las consecuencias fueron inmediatas. Los legisladores retrasaron una revisión planificada del Comité Bancario del Senado que se esperaba impulsara el proyecto de ley a mediados de enero. La pausa señaló que el impulso se había evaporado casi de la noche a la mañana.
La postura de Coinbase importa más que la mayoría. Durante el ciclo electoral de 2024, el exchange surgió como uno de los gastadores políticos más agresivos de la industria cripto, respaldando candidatos vistos como favorables a los activos digitales. Su apoyo ha sido ampliamente visto como un indicador de una aceptación más amplia de la industria, y sin él, los senadores son cautelosos de avanzar legislación que podría enfrentar rechazo del sector que pretende regular.
Fuentes cercanas a las discusiones dicen que la administración fue tomada por sorpresa por la reversión pública de Coinbase y la vio como una violación de la confianza. Internamente, el movimiento ha sido descrito como un intento de dictar términos en lugar de negociarlos.
La frustración ha adquirido un tono político más agudo. Los funcionarios supuestamente han rechazado la idea de que una sola empresa pueda hablar por toda la industria cripto, enfatizando que el marco refleja prioridades establecidas por Donald Trump y su administración, no por ejecutivos corporativos.
En el corazón del impasse yace un conflicto familiar: las stablecoins. Se dice que la Casa Blanca favorece una estructura que se alinea con los principales bancos e instituciones financieras tradicionales, mientras que Coinbase argumenta que tales compromisos vienen a expensas de la innovación y la competencia.
Por ahora, el proyecto de ley está en el limbo. Con la unidad de la industria fracturada y el respaldo político ya no garantizado, el camino a seguir para una regulación integral de criptomonedas en EE.UU. parece mucho menos seguro de lo que era hace apenas unas semanas.
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