Juicio por YPF en Nueva York: pidieron declarar en desacato a la Argentina y que le apliquen sanciones

WASHINGTON.- En una medida que era esperada para este jueves por la noche, los fondos demandantes en el caso YPF presentaron en Nueva York un escrito con un pedido para que la jueza Loretta Preska, a cargo del Tribunal del Distrito Sur, declare en desacato a la Argentina y le aplique sanciones por presuntas demoras en la entrega de comunicaciones oficiales exigidas por la Justicia.

El reclamo de los demandantes, Petersen y Eton Park, con el apoyo del estudio Burford Capital, está vinculado al llamado proceso de discovery del caso, una orden del 29 de julio de 2025, que obliga a la Argentina a producir correos electrónicos y mensajes de funcionarios actuales y otros que ya dejaron la función pública.

Los demandantes en el caso sostienen que algunos de los funcionarios no cumplieron con toda la documentación solicitada y que eso justifica sanciones adicionales. A través del Discovery, Preska pidió acceso a mails y WhatsApp del exministro Sergio Massa, del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y del canciller Pablo Quirno, así como a varios otros funcionarios y exfuncionarios nacionales.

La defensa argentina, a cargo de la Procuración del Tesoro, hará su réplica el 19 de febrero, mientras que la de los demandantes a esa presentación será el 5 de marzo. En las audiencias probatorias previstas para el 23 y 24 de marzo la jueza Loretta definiría si declara el desacato para la Argentina.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación rechazaron la presentación y señalaron que la Argentina “ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino".

Petersen y Eton Park solicitaron cinco sanciones contra la Argentina por lo que sostienen fue una expropiación irregular de YPF en 2012.

Entre las sanciones solicitadas, además del desacato, los demandantes “buscan que se declare el alter ego de entes estatales (como el Banco Central, Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas)“; sanciones civiles; la ”presunción de que la evidencia no presentada o retenida sería desfavorable para la parte que incumplió la orden de producirla" y una multa coercitiva de un millón de dólares por día a pagar al tribunal mientras persista el incumplimiento, señaló Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.

Los fondos buscan demostrar que el BCRA, el BNA, YPF, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina (Enarsa) funcionan como un “alter ego” del Estado argentino. Es decir, que no tienen independencia operativa y legal, y que actúan como una extensión del propio Estado. Esta información ya había sido parte de la evidencia en el juicio, tras el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar una indemnización de US$16.100 millones, más intereses.

El proceso judicial, conocido como discovery, involucró desde 2024 negociaciones entre los abogados del Estado argentino y los fondos demandantes. En aquel entonces, Burford y Eton Park habían presentado una lista con 27 nombres, que el Gobierno intentó reducir en una contrapropuesta. Finalmente, Preska definió quiénes eran los funcionarios que debían entregar su información.

Los fondos señalaron en el escrito que “a pesar de la clara demostración” de la Argentina de su “capacidad práctica para producir estas comunicaciones, se ha negado a presentarlas”.

“La violación clara e inequívoca por parte de la República de la orden sobre comunicaciones externas cumple plenamente los requisitos para la imposición de sanciones. La orden exigía sin ambigüedad que presentara las comunicaciones externas de ciertos funcionarios específicos [...]. Sin embargo, ha incumplido la orden, negándose a presentar dichas comunicaciones y dejando claro que no tiene intención de hacerlo”, argumentaron en el escrito.

Anteriormente a la presentación de este jueves por la noche, la Procuración del Tesoro había rechazado el pedido de desacato y había afirmado que la Argentina está cumpliendo con las decisiones judiciales vigentes.

La reciente moción, señalaron desde la Procuración, “constituye el intento más reciente de Burford Capital de hostigar” a la Argentina mediante solicitudes de discovery “intrusivas y desproporcionadas”.

En medio de la pulseada judicial, desde la defensa argentina señalaron además que el pedido de sanciones “debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford”.

“El país continuará cumpliendo con el proceso de discovery siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas, mientras la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito analiza las apelaciones interpuestas contra las órdenes sin precedentes dictadas por el Tribunal de Distrito en este caso", añadió la Procuración.