El Servicio de Alguaciles de EE.UU. supuestamente ha vendido aproximadamente $6.3 millones en Bitcoin confiscado a los desarrolladores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill.
La venta del Bitcoin confiscado va en contra de una orden ejecutiva presidencial que establece que tales activos deben añadirse a la Reserva estratégica de Bitcoin de la nación.
Según un Acuerdo de Liquidación de Activos obtenido por Bitcoin Magazine, los desarrolladores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, acordaron transferir 57.55353033 Bitcoins al USMS como parte de su declaración de culpabilidad ante el Departamento de Justicia de EE.UU.
Los registros de Blockchain muestran que los Bitcoins fueron transferidos desde la dirección bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r el 3 de noviembre de 2025 a una dirección de Coinbase Prime identificada como 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8. Esta dirección actualmente muestra un saldo cero.
La Orden Ejecutiva 14233 establece explícitamente que los Bitcoins adquiridos mediante procedimientos de confiscación de activos penales o civiles no deben venderse y deben ser contribuidos a la Reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos.
La orden define tales activos como "BTC del Gobierno" y especifica que los jefes de agencias "no deberán vender ni disponer de ningún otro modo de ningún Activo Digital del Gobierno." La orden tiene excepciones para circunstancias específicas que hasta ahora no se aplican a los casos de Rodriguez y Hill.
El 18 U.S. Code § 982(a)(1) requiere que las personas que violen las leyes contra la operación de negocios de transmisión de dinero sin licencia confisquen la propiedad involucrada en el delito. Los expertos legales han señalado que ni este estatuto ni las leyes de confiscación relacionadas realmente exigen que los Bitcoins incautados sean convertidos en efectivo.
Los estatutos relevantes, incluidos 31 U.S.C. § 9705 y 28 U.S.C. § 524(c), solo establecen dónde se depositan los ingresos confiscados y cómo pueden ser utilizados.
El 7 de abril de 2025, el Fiscal General Adjunto Todd Blanche emitió un memorándum titulado "Ending Regulation By Prosecution" que prohíbe al Departamento de Justicia perseguir exchanges de moneda virtual, servicios de mezcla y tumbling, y wallets offline por las acciones de sus usuarios finales.
A pesar de esta clara regulación, el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) continuó persiguiendo tanto el caso de Samourai Wallet como el procesamiento del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm.
El procesamiento avanzó incluso después de que el equipo de defensa se enterara a través de una solicitud Brady de que dos miembros de alto rango de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro habían "sugerido firmemente" que Samourai Wallet no estaba funcionando como transmisor de dinero.
Las estadísticas de los tribunales federales muestran que más del 90% de los acusados penales son condenados y sentenciados, con tasas de absolución tan bajas como 0.4% en algunos años.
La fiscalía del SDNY tiene reputación de una tasa de condena aún mayor. Keonne Rodriguez supuestamente dijo a los periodistas que era consciente de estas estadísticas y de la reputación de la Jueza Denise Cote, quien presidió su caso, por sentencias severas cuando se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Muchos líderes de Bitcoin y cripto que apoyaron la campaña de reelección de Trump en 2024 ahora están cuestionando el prometido fin de la "guerra contra las criptomonedas" del Presidente Trump.
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