MANILA, Filipinas – El presidente Ferdinand Marcos Jr. dijo el viernes, 5 de diciembre, que ha ordenado al Departamento del Interior y Gobierno Local (DILG) y a la Policía Nacional de Filipinas (PNP) localizar a la controvertida contratista Sarah Discaya y a otros presuntamente involucrados en un proyecto fantasma en Davao Occidental.
Discaya y otras nueve personas enfrentarán casos por presunta malversación de fondos públicos y presunta violación de la sección 3(e) de la Ley de la República No. 3019 o Ley contra el Soborno y Prácticas Corruptas por irregularidades en dicho proyecto en Barangay Culaman en el municipio de Jose Abad Santos en Davao Occidental.
"He ordenado al DILG y a la PNP asegurarse de que conozcan el paradero de Discaya at no'ng iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad (y los demás para que sean arrestados inmediatamente una vez que se emitan las órdenes de arresto)", dijo el Presidente en un mensaje de video subido el viernes.
Citando los hallazgos del Defensor del Pueblo, Marcos dijo que el proyecto nunca comenzó a pesar de haber sido etiquetado como completado en 2022. Esto fue descubierto durante la inspección del Grupo de Investigación y Detección Criminal de la PNP el 25 de septiembre.
"Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay official sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto (Los pueblos indígenas y funcionarios del barangay confirmaron en su declaración jurada conjunta que el proyecto nunca se implementó)", dijo Marcos.
Poco después del anuncio del Presidente, el Asistente del Defensor del Pueblo Mico Clavano dijo que la Oficina del Defensor del Pueblo ordenó la presentación de dichos cargos criminales contra Discaya, Ma. Roma Angeline Rimando de St. Timothy Construction Corporation, y los siguientes funcionarios de la Oficina de Ingeniería del Distrito de Davao Occidental del Departamento de Obras Públicas y Carreteras (DPWH):
Como en el primer caso que involucra al legislador dimitido Zaldy Co, el Defensor del Pueblo también recomendó no otorgar fianza para el caso de malversación.
También hay un caso administrativo gemelo adjunto a los casos penales presentados contra los funcionarios del DPWH. Clavano dijo que los funcionarios están suspendidos preventivamente durante seis meses debido a casos de mala conducta grave y deshonestidad seria.
Mientras tanto, los casos penales se presentarán ante el Tribunal Regional de Primera Instancia de la Ciudad de Digos. Aparte del Sandiganbayan, el Defensor del Pueblo también puede presentar casos ante los tribunales inferiores, dependiendo de la naturaleza de los casos y el nivel de grado salarial de los involucrados.
Según la Ley de la República No. 10660, los RTC tienen jurisdicción sobre casos de corrupción que no indican el daño al gobierno, o cuando el monto del daño no es superior a 1 millón de pesos. Además, los casos de corrupción contra funcionarios públicos con grados salariales inferiores al Grado Salarial 27 pertenecen a los tribunales inferiores, según Batas Pambansa Bilang 129 o la Ley de Reorganización Judicial. – Rappler.com

