La pareja de Calvete, acusada de colaborar en los pagos irregulares en Andis, se negó a declarar

Guadalupe Muñoz, pareja y presunta colaboradora de Miguel Ángel Calvete en la trama de corrupción que se investiga dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se negó a declarar este miércoles durante su indagatoria. Así, Muñoz mantuvo el silencio y repitió la lógica de la mayoría de los que pasaron hasta aquí por los tribunales de Comodoro Py para hacer frente a las acusaciones.

De acuerdo con las sospechas del fiscal Franco Picardi, Muñoz ayudaba a Calvete en la administración de los pagos efectuados a empresas, cobraba cheques, manejaba recibos y confeccionaba planillas con porcentajes, “participando activamente en la distribución de los fondos derivados de las operaciones investigadas”, dice el dictamen.

Muñoz, que no contestó preguntas del fiscal ni del juez Sebastián Casanello, llegó alrededor de las 11.20 a los tribunales de Retiro, acompañada de su defensor, Juan Ignacio Pascual, que también representa a Calvete en este expediente.

Parte de los elementos recabados por la Justicia que involucran a Muñoz en la maniobra se corresponden con comunicaciones entre ella y Calvete, quien, además de ser investigado en este causa, en la que se lo acusa de ser actuar como una suerte de director “paraestatal” dentro de Andis, está condenado y preso por proxenetismo en otro proceso.

En un audio, por ejemplo, Calvete le explica a Muñoz cómo realizar un determinado porcentaje. “Amor, vos te equivocaste en la última columna. Porque es el 30% del 15%, ¿me entendés? Por eso te decía, dividilo por 7 y multiplícalo por tres”, le dice, y agrega: “Esa última columna tenés que rehacerla”.

“Siempre es el 70% del resultante de lo que dividís por 1.07. No es el 30 del 70, si no, perdemos guita amor”, le advierte Calvete, en otra grabación.

Además, Calvete le solicitó a su pareja que le facilite 5 millones de pesos a Spagnuolo. “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”, le explica a Muñoz, cuando esta le pregunta para quién era el dinero. Ese viaje nunca llegó a concretarse.

Otro de los contactos entre ambos da cuenta, entiende el fiscal, de que bajo las competencias de Muñoz también estaba el manejo de cheques. “Amor –dice Calvete– Eva mandó los cheques apenas llegan me avisa, y va Lautaro a buscarlos”.

En otra de las comunicaciones, la mujera le envía a Calvete un recibo por el pago de US$90.343, y este le pide que lo guarde en una caja fuerte, “sin aclarar de quién, ni en concepto de qué”, dice el fiscal.

Además, los vínculos societarios de Muñoz refuerzan su relación con Calvete. Constituyó la sociedad Residuos Disposición y Tratamiento S.A.S. junto a Ruth Noemí Lozano, quien, a su vez, es accionista de la empresa de Calvete, Indecomm, y de Profarma S.R.L, una de la empresas beneficiadas con el presunto direccionamiento, de la cual Lozano, que fue llamada a indagatoria por el juez Sebastián Casanello, también es accionista.

Ayer se negaron a declarar Luciana Ferrari y Federico Santich, acusados de oficiar como “operadores externos” en la agencia y de utilizar, sin ser funcionarios ni empleados públicos, un sistema interno de compra de insumos médicos.

Antes que ellos optaron por no declarar Atchabahian -con prisión preventiva-, Calvete, los exfuncionarios Eduardo Nelio González, Daniel Garbellini y Lorena Di Giorno, y el propio Spagnuolo, que ensayó un breve descargo negando las acusaciones.

La excepción fue el funcionario Roger Grant quien sí declaró y apuntó hacia arriba en la organización: dijo que era su jefe Garbellini quien le indicaba todo lo que debía hacer como Coordinador de Gestión de Urgencias, rol desde el que llevaba adelante las compulsas de precios y adjudicaciones.

Audios

En paralelo al avance de la causa, hay dos recursos pendientes de resolución en la Cámara Federal que apuntan a minar la investigación de Picardi.

Uno sostiene que los hechos ya fueron investigados en una causa anterior, que terminó archivada; y otro, que la investigación del fiscal se apoyó en audios -los de Spagnuolo- cuyo origen podría ser ilegal, lo que comprometería toda la investigación.

Ambos fueron presentados por la defensa de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, que está siendo investigada en la causa.

En esa línea, el abogado defensor de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, que adhirió al planteo de los Kovavlivker, presentó en estos días una pericia de los audios, realizada en España, que, entre otras cuestiones, afirma que “se detectaron trazas que acreditan la presencia de voz sintética generada mediante algoritmos de Inteligencia artificial, con una estimación de probabilidad del 65%”.

Sin embargo, los investigadores consideran que la pesquisa no se cimentó sobre los cuestionados audios, sino que estos sirvieron apenas de indicio para abrió las puertas a un entramado con otros elementos independientes.

En el dictamen de 274 páginas por el cual el fiscal Picardi solicita las 15 indagatorias en curso, apenas se hace una sola alusión a aquellos audios, a modo de contexto.