En Veracruz, deudores alimentarios no podrán tramitar licencia de conducir

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado anunció que a partir de este mes entrará en vigor una nueva disposición que impedirá a los deudores alimentarios tramitar su licencia de conducir.

La medida se sustenta en el artículo 135 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares, colocando en el centro la protección de los derechos de la infancia.

Nuevo requisito obligatorio

La SSP informó que, para realizar el trámite de licencias de manejo, será necesario presentar el certificado del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

Este documento puede obtenerse de manera gratuita en la página oficial https://rnoa.dif.gob.mx, y deberá considerarse como un requisito más dentro del proceso administrativo.

“Por disposición oficial, para realizar tu trámite de licencia de conducir deberás entregar el Certificado de No. de Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. ¡Considera que éste es un requisito más para que puedas obtener tu licencia!”, señaló la dependencia en redes sociales.

La medida se aplicará en todos los módulos de expedición de licencias del estado y será obligatoria para quienes deseen renovar o solicitar por primera vez el documento.

Reacciones ciudadanas

La disposición ha generado un intenso debate entre la población veracruzana. Por un lado, algunos ciudadanos celebran la medida como un mecanismo para presionar a quienes incumplen con sus responsabilidades familiares, asegurando que el Estado debe utilizar todas las herramientas posibles para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, otros sectores han manifestado su inconformidad. Entre las críticas más recurrentes se señala que el ser deudor alimentario no guarda relación con la habilidad técnica ni el conocimiento requerido para conducir un vehículo, por lo que consideran que la medida es un exceso o incluso un abuso. A

demás, aunque el trámite del certificado es gratuito, algunos usuarios temen que el nuevo requisito pueda abrir espacios para la corrupción en los módulos de atención, retrasando o complicando procesos que deberían ser ágiles.

El gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle García, ha defendido la disposición como parte de una política integral de protección a la infancia.

La medida coloca el cumplimiento de las obligaciones alimentarias como un requisito indispensable en trámites oficiales, reforzando la idea de que el Estado debe garantizar que los derechos de los menores prevalezcan sobre cualquier otra consideración.

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