Tras la joya de la corona

Los plazos se siguen ampliando para conocer el real alcance de la tan llevada y traída Reforma Electoral, como si se tratara de cualquier cosa y no de algo tan delicado y trascendente como el ejercicio de los derechos de la ciudadanía para elegir en libertad a sus representantes, así como de las reglas de acceso a los cargos públicos. Nos “enteramos” por “filtraciones”, por declaraciones entrecortadas, cuando en una democracia deberían ser transparentes las posiciones y razones de quienes discuten sobre algo que incidirá en la vida de la República.

Primero, no sé qué pensar al ver a la primera Mandataria del país el jueves por la mañana entrando al detalle del número de regidurías en algunas alcaldías, de la integración de congresos y de las remuneraciones de funcionarios locales. Con la misma asiduidad me gustaría verla presentar las cuentas de Pemex y CFE, así como abordar otros problemas de mayor relevancia.

No quiero decir que no sea importante que la Presidenta señale áreas de ahorro y mejora, pero si se trata sólo de un mejor uso de los recursos públicos yo le sugeriría iniciar por otras dependencias cuya mejora tendría un impacto mucho mayor que aquellas a las que ahora dedica tanto tiempo. Perdón por el sospechosismo, pero si quien preside la primera responsabilidad ejecutiva del país consume tanto tiempo en este tema para lograr un “ahorro” inferior al 1 por ciento del presupuesto federal, creo que otros intereses la mueven.

Sin duda la 4T tiene un particular interés en este tema: quiere asegurarse las mejores condiciones para las próximas elecciones. Pero me parece que además se trata de cortinas de humo tras las que se ocultan problemas más delicados, como el de la seguridad, la relación con Estados Unidos, los riesgos de afectación a las finanzas públicas, la eventual inflación y otros más.

Van algunas razones para mi suspicacia. El Plan B de AMLO fue un intento de reforma constitucional por la vía legal, y la SCJN de aquel momento no tuvo que ir al fondo de la controversia para declarar la inconstitucionalidad de la iniciativa, porque los legisladores no se ciñeron a las más elementales reglas que ellos mismos se han dado para hacer reformas.

En este caso se abrían dos posibilidades. En virtud de que los aliados Verde y PT no accedieron a la inicial propuesta presidencial, se trataba entonces sólo de que el segundo intento quedara en reformas legales, para lo cual Morena cuenta con la mayoría simple requerida. Sin embargo, al parecer -otra vez, por los rumores de pasillo- se descartó esta ruta y se incluirán reformas constitucionales, pero que no afecten ni las prerrogativas de los partidos políticos ni el número de curules de representación proporcional en el Congreso, lo que realmente les importa a los aliados circunstanciales.

De cualquier manera, si lo anterior se confirmara hoy, habrá que ver con sumo cuidado lo que se propone, tanto en la esfera constitucional como en la legal, ya que por esta vía podrían estarse haciendo de hecho reformas constitucionales como las que contenía el Plan B de AMLO, para lo cual hoy no hay freno dadas las actuales condiciones del maltrecho Estado de derecho.

Refirámonos entonces a las implicaciones de una propuesta que incluya reformas en ambos ámbitos normativos. Al parecer se propondrán cambios de fechas para las elecciones del Poder Judicial y para la revocación de mandato, posponer al 2028 las primeras y empatar la segunda con las elecciones de 2027. Desde aquí se pone en evidencia que la razón no es el “ahorro”, ya que si ese fuera el caso se propondría alinear todas las elecciones en el mismo año, y posponer la judicial un año implica un gasto mayor al que se quiere ahorrar.

La intención, como lo hemos señalado en múltiples ocasiones, es política, se trata de un fraude al 134 constitucional, que prohíbe expresamente la incidencia de funcionarios públicos en las campañas políticas, prohibición que en este caso se estaría burlando con la presencia de la Presidenta en las boletas del próximo año.

Siguiendo con las implicaciones de la propuesta de reforma a la Carta Magna, va un atropello al maltrecho federalismo. Se trata de regular aún más la vida política de los estados federados desde la Constitución, definiendo número de legisladores, regidurías y remuneraciones de funcionarios, y no sabemos qué más, aduciendo “privilegios”. Si ese es el caso, existen instancias de fiscalización para ello, ¿o no? ¿O más bien se trata de buscar controles políticos a nivel subnacional, evidenciando con mayor claridad la imposición de un Estado autoritario y, por lo tanto, centrado en el Poder Ejecutivo?

Por la vía de leyes secundarias se restringirían facultades al INE, como la reducción de su Servicio Profesional Electoral Nacional -eje de profesionalismo y neutralidad-, así como herramientas de certeza, transparencia y oportunidad como el PREP, y seguramente otras cuestiones que tienen que ver con las garantías de calidad y neutralidad en la organización de las elecciones.

En cualquier caso, se trata de malas noticias para la democracia, lo que está en juego es el respeto a la voluntad ciudadana y la joya de la corona al diseño autoritario del Estado mexicano.