La capitana de la selección iraní de fútbol retiró su pedido de asilo en Australia en medio de denuncias de presión sobre su familia

La capitana de la selección femenina de fútbol de Irán retiró su solicitud de asilo en Australia y regresará en las próximas horas a su país, informó este domingo la agencia estatal iraní IRNA, en lo que constituye un nuevo giro en un caso que tensó las relaciones entre Teherán y Canberra y encendió alarmas entre organizaciones de derechos humanos de todo el mundo.

Zahra Ghanbari, máxima goleadora histórica del seleccionado iraní, viajará desde Malasia a Irán luego de haber solicitado refugio en Australia la semana pasada. Es la quinta integrante de la delegación que asistió a la Copa Asiática Femenina en dar marcha atrás con su pedido de protección. En días anteriores, tres jugadoras y un miembro del cuerpo técnico ya habían retirado sus solicitudes y viajado a Malasia como escala previa al regreso.

Reportes de amenazas a la familia

Sin embargo, la decisión de Ghanbari llegó horas después de que el medio Iran International reportara que su madre había recibido amenazas de organismos de seguridad iraníes, incluida la unidad de inteligencia de los Guardianes de la Revolución. Según fuentes citadas por ese medio, afiliado a la oposición iraní en el exilio, jugadoras que se encontraban en Kuala Lumpur transmitieron esa información a la capitana tras tomar conocimiento de las presiones sobre su familia.

El mismo informe señaló que una integrante del cuerpo técnico, Zahra Soltan Moshkeh-Kar, habría transmitido mensajes amenazantes de la dirigencia de la federación iraní a las jugadoras que habían pedido asilo, mientras que otra deportista habría sido presionada a regresar mediante mensajes de voz emotivos enviados por familiares desde Irán.

En total, siete personas de la delegación iraní habían solicitado refugio en Australia. El origen de la crisis se remonta al partido inaugural del torneo contra Corea del Sur, cuando varias jugadoras guardaron silencio mientras sonaba el himno nacional, en un gesto interpretado como un acto de protesta contra la República Islámica. Un conductor de la televisión estatal iraní las calificó de “traidoras en tiempos de guerra”, alimentando el temor a represalias en caso de retorno. Aunque el equipo cantó el himno en los partidos siguientes, activistas advirtieron que el daño ya estaba hecho.

El gobierno australiano, que había concedido visados humanitarios a las deportistas y las había trasladado a lugares seguros mientras evaluaba sus casos, defendió su actuación. El ministro de Interior, Tony Burke, aseguró que las jugadoras recibieron “múltiples oportunidades” para analizar sus opciones antes de tomar una decisión. “Aunque el Gobierno australiano puede asegurarse de que las oportunidades existan y se comuniquen, no podemos eliminar el contexto en el que estas mujeres toman decisiones increíblemente difíciles”, señaló Burke en un comunicado.

El primer ministro Anthony Albanese había elogiado públicamente la valentía de las futbolistas y prometido que serían recibidas “con los brazos abiertos”. La federación iraní de fútbol, en cambio, acusó a Australia de haber “secuestrado” a las jugadoras y obligarlas a renegar de su país contra su voluntad.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente tensión política en Irán. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, llegó incluso a poner en duda la participación de la selección masculina en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, aduciendo razones vinculadas a la situación de guerra que atraviesa el país.

Con la partida de Ghanbari, al menos cuatro de las siete personas que solicitaron asilo han optado por abandonar Australia y regresar a Irán. Se desconoce el paradero de las restantes, que permanecerían en territorio australiano bajo protección. Organizaciones de derechos humanos reiteraron su preocupación por la seguridad de quienes decidan volver, recordando que el régimen iraní tiene antecedentes documentados de presionar a deportistas en el exterior mediante amenazas a sus familiares y la confiscación de bienes.