Impunidad selectiva

La confirmación de la condena a Ricardo Echegaray por parte de la Cámara Federal de Casación Penal vuelve a poner sobre la mesa una de las paradojas más obscenas del sistema judicial argentino: cuando la Justicia decide avanzar, puede hacerlo; pero cuando no quiere hacerlo, simplemente se queda inmóvil, generando impunidad.

El fallo de la Sala I de Casación no deja demasiado margen para la discusión. Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo rechazaron el recurso de la defensa del exjefe de la AFIP y confirmaron la pena de cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado.

De este modo, solo resta que la Corte Suprema de Justicia revise este fallo. Si queda firme, Echegaray deberá cumplir su pena en la cárcel. Esto implica que la Justicia acaba de dar veracidad jurídica a la investigación de Hugo Alconada Mon en LA NACION que reveló este fraude en perjuicio del Estado.

La sentencia vuelve a recordar lo obvio: desde la jefatura de la AFIP, Echegaray autorizó planes de pago irregulares que permitieron a Oil Combustibles postergar el ingreso de impuestos por sumas millonarias, afectando la recaudación y el funcionamiento del sistema tributario. Los jueces destacaron la extensión del daño al erario público, el impacto institucional y el uso desviado de su autoridad funcional para justificar una pena severa. La Justicia entendió que Echegaray era el único culpable, por conceder estas ventajas, y no los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por solicitar esos beneficios impositivos.

No es un detalle menor. La propia sentencia subraya que la maniobra no fue un error administrativo ni una interpretación dudosa de normas fiscales. Fue una decisión consciente, tomada desde la cúspide del organismo encargado de recaudar impuestos, que terminó beneficiando a un grupo empresario cercano al poder político de turno.

Pero lo verdaderamente escandaloso no está solo en la condena. Está en lo que falta.

Porque mientras la Cámara Federal de Casación confirmó la responsabilidad penal del funcionario que habilitó el mecanismo, el sistema judicial sigue sin ofrecer una respuesta definitiva sobre quienes se beneficiaron de esa maniobra: López y De Sousa.

El contraste es brutal. Por un lado, hay un funcionario condenado por haber permitido que se utilice el dinero de los impuestos como financiamiento privado. Por el otro, los empresarios que utilizaron ese dinero siguen beneficiados por una maraña de decisiones judiciales contradictorias, absoluciones polémicas, chicanas y recursos interminables.

Vienen absueltos por el Tribunal Oral Federal 3 y por los jueces de la Cámara Federal de Casación Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, con la disidencia del juez Guillermo Yacobucci. Dos veces los magistrados de Casación dispusieron estas absoluciones, a pesar de que la Corte las había anulado y les indicó que dicten un nuevo fallo. Ahora el asunto está otra vez en manos de la Corte.

Es una escena que erosiona la confianza pública: un funcionario condenado por favorecer a empresarios que, judicialmente, parecen moverse en un territorio de impunidad.

Hoy el expediente de Echegaray se acerca a su instancia final en la Corte Suprema. Si el máximo tribunal confirma la sentencia, el exjefe de la AFIP deberá cumplir una condena efectiva. Pero el verdadero problema institucional no se agota ahí. La Corte no puede limitarse a ratificar la caída de un funcionario; debería resolver el cuadro completo.

Porque si la Justicia sostiene -como en este caso- que hubo una administración fraudulenta contra el Estado, resulta muy difícil explicar por qué el proceso contra quienes se beneficiaron de esa maniobra sigue atrapado en una lógica de idas y vueltas que, en los hechos, termina favoreciendo la impunidad.

Si el funcionario que habilitó la maniobra va preso pero los beneficiarios siguen siendo absueltos o protegidos por interpretaciones judiciales amañadas y cambiantes, el mensaje que recibiría la sociedad sería devastador: en la Argentina, la responsabilidad penal puede ser selectiva.