Entre la soberanía ideológica y los compromisos comerciales

El sector de la energía atraviesa un momento de definición histórica. La reforma constitucional de 2024 y el paquete de leyes secundarias de 2025 han reconfigurado las reglas del juego para un mercado que tan solo una década atrás había sido abierto a la competencia.

El marco vigente consolida el papel predominante de CFE y Pemex, reclasificadas como empresas públicas, modificando su naturaleza jurídica, sus objetivos y compromisos.

La prevalencia otorgada a las empresas públicas incluye cuotas de mercado preestablecidas a favor de CFE (garantizándole mantener al menos 54% del promedio de energía inyectada a la red), medida claramente inconsistente en un sector abierto a la competencia.

Las nuevas figuras que contempla la legislación incluyen contratos de producción a largo plazo para venta exclusiva a CFE, proyectos de inversión mixta en generación eléctrica (reiterando una participación mínima para CFE del 54%) y, en el sector hidrocarburos, la asociación forzosa de agentes privados con Pemex.

El desafío para México consiste en mantener la carga ideológica del gobierno y al mismo tiempo generar el apetito suficiente en el sector privado a partir de un marco regulatorio que ofrezca certidumbre y que además cumpla con los compromisos que el país mantiene con sus socios comerciales.

La primera revisión del T-MEC, programada para julio de 2026, representa un punto de inflexión crítico. EU ha mantenido desde julio de 2022 consultas formales bajo el Capítulo 31 del tratado, cuestionando medidas que han venido favoreciendo a CFE y a Pemex, en detrimento de inversionistas estadounidenses y canadienses.

El informe de estimación comercial 2025 a cargo de la representación comercial de los Estados Unidos (United States Trade Representaive o USTR) identificó barreras no arancelarias en el sector energético mexicano a partir de medidas adoptadas por el gobierno mexicano a favor de CFE y Pemex que trastocan el piso parejo de mercados abiertos a la competencia.

Lo anterior es reiterado en el documento dado a conocer hace unos días (USTR - 2026 Trade Policy Agenda and 2025 Annual Report), en el que se reconoce que, si bien la entrada en vigor del T-MEC fue un paso importante en el reequilibrio de la relación económica de EUA con México y Canadá, existe un número importante de problemas que requieren de solución, incluyendo el deterioro del clima de inversión en nuestro país y la adopción de medidas preferentes que benefician a Pemex y CFE en temas de petróleo, gas y electricidad, en perjuicio de inversionistas estadounidenses.

Washington ha insistido en que estas medidas violan los principios de no discriminación y libre competencia contemplados en los capítulos de Acceso a Mercados, Inversión y Empresas Propiedad del Estado del T-MEC. La ratchet clause del Capítulo 14 adquiere especial relevancia, pues busca evitar retrocesos en la apertura de sectores previamente liberalizados.

Las señales indican que el proceso de revisión del T-MEC será complejo y que, sin duda, incluirá en forma destacada los reclamos a México en el sector de la energía.

Sería prudente establecer un mecanismo de diálogo técnico permanente con nuestros socios comerciales orientado a identificar áreas de convergencia que permitan resolver consultas previas y preocupaciones pendientes, y demostrar con hechos la agilización y la transparencia de procesos administrativos.

Para el sector privado, la incertidumbre jurídica y la imposibilidad de contar con reglas claras y contratos acordes a prácticas de mercado condicionan decisiones de inversión y México requiere urgentemente modernizar su infraestructura eléctrica, integrar nueva capacidad de generación y ampliar la utilización de energías renovables.

Es necesario que el diseño de instrumentos de inversión mixta ofrezca garantías reforzadas al sector privado, incluyendo mecanismos de asignación justa y sensata de inversiones, riesgos y retornos, de solución transparente de controversias y de estabilización regulatoria.

Estas acciones, implementadas con oportunidad y coherencia, podrían fortalecer la posición de México y preservar una política energética que reconozca un mercado abierto, pero bien regulado, y el cumplimiento con obligaciones comerciales y compromisos de crecimiento en el largo plazo.