Detuvieron a activistas de Greenpeace que saltaron las rejas del Congreso

Mientras el Gobierno impulsa este jueves en el Senado el tratamiento de la reforma de la ley de glaciares —una iniciativa que propone modificar el alcance de las áreas protegidas y habilitar mayores actividades productivas, entre ellas la minería—, un grupo de activistas de Greenpeace intentó ingresar al Congreso tras saltar una de las rejas perimetrales.

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de la Ciudad intervinieron en el lugar y detuvieron a 12 integrantes de la organización ambientalista por disturbios en la vía pública que serán trasladados a la Superintendencia de Investigaciones Federales, según pudo saber LA NACION.

Desde la organización ambientalista indicaron a este medio que los detenidos son Carla Guidi, Sol Klausek, Luciana Rivero, Abril Castellano, Iwan Nuñez Romero, Mailen Miranda Vaquera, Juana Serra, Pablo Bléfari, Marcos Policer, Diana Suarez Smeke, Manuela Zalazar y Cynthia Moreno Gallo. Todos son mayores de edad: nueve mujeres y cuatro hombres.

Según informó Greenpeace, las mujeres fueron trasladadas a la alcaldía de mujeres ubicada en la intersección de las calles Cavia y Figueroa Alcorta, en el barrio porteño de Palermo. En el caso de los hombres, se encuentran en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, sobre la calle Madariaga.

La protesta en el Congreso

“Estamos en la puerta del Congreso junto a activistas exigiendo a los senadores que no entreguen el agua de la Argentina y que voten a favor de los glaciares. La ley de glaciares no se toca. Junto a 200.000 personas de todo el país vamos a estar resistiendo hasta que salvemos la ley de glaciares", dijeron en un video publicado en redes sociales.

En la acción que montaron sobre las escaleras del edificio antes de ser detenidos, los ambientalistas —vestidos de traje, corbata y camisa, emulando a los legisladores— se sentaron sobre inodoros que llevaban la frase “ley de glaciares” y exhibieron un cartel con el mensaje “Senadores, no se caguen en el agua”.

Desde la organización explicaron que se trató de una “acción de resistencia pacífica” cuyo objetivo fue “visibilizar la gravedad de la reforma a la ley de glaciares para la seguridad hídrica del país”.

“La intervención fue simbólica y no violenta, en el marco del debate legislativo que se desarrolla hoy en el Senado", explicaron desde Greenpeace y señalaron que la detención de manifestantes pacíficos en un contexto de discusión parlamentaria sobre el agua como derecho resulta “preocupante desde el punto de vista democrático”.

El operativo de detención de los activistas de Greenpeace

En medio de los disturbios con activistas, la PFA agredió a un camarógrafo del canal A24 que se encontraba trabajando en el lugar. Tal como se ven las imágenes capturadas por otras personas que se encontraban en el lugar, el hombre, identificado como Facundo Tedeschini, quedó en medio del operativo y los efectivos lo empujaron hasta que termina por caer al piso. Finalmente, según pudo saber LA NACION, fue demorado por los efectivos.

También resultó afectada la cronista Agustina Binotti, del mismo canal, quien recibió gas pimienta en los ojos. En tanto, el jefe de móvil del canal Crónica, Roberto Chiappalone, y su cronista, Facundo Muñoz, denunciaron empujones y agresiones con spray lacrimógeno.

Cambios en la ley de glaciares

El oficialismo cuenta con los avales justos para avanzar con la reforma: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa. Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.

En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.

Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía —como autoridad de aplicación— defina esos conflictos, una precisión que, según fuentes oficiales, busca evitar planteos de inconstitucionalidad.