Cuando las empresas mineras se van, las comunidades africanas pagan

JOHANNESBURGO – Hace unos días, legisladores y ejecutivos de la industria se reunieron en Ciudad del Cabo para la Indaba Anual de Minería Africana. Siguieron un guion ya conocido: los gobiernos cortejaban a los inversores, las empresas prometían empleo y crecimiento, y se desbordaba champán mientras los oradores promocionan a África como indispensable para la transición energética global.

Como siempre, el énfasis está en nuevos proyectos, capital fresco y oportunidades sin explotar, sin mencionar cómo suelen terminar estas empresas. Pero en la minería, los finales importan más que los comienzos, porque revelan dónde reside realmente el poder.

A medida que la transición hacia las energías limpias cobra impulso, la cuestión de cómo finalizarán los proyectos mineros ha cobrado nueva urgencia. La carrera mundial por los minerales críticos suele presentarse como un gran desafío técnico: ¿Con qué rapidez se pueden reemplazar los combustibles fósiles sin desestabilizar las cadenas de suministro? Pero la cuestión aún más fundamental es ¿quién asume los costos de la extracción?

Para las empresas mineras transnacionales, la salida se ha convertido en la fase más decisiva y menos regulada de la captura de valor. Mediante la venta de activos, la reestructuración de operaciones y la reubicación de sedes, pueden eliminar impunemente sus pasivos sociales, ambientales y fiscales.

Sudáfrica ofrece un ejemplo notable. Anglo American, fundada en 1917, ha sido durante mucho tiempo la empresa minera dominante del país, moldeando los sistemas laborales, los patrones de asentamiento y la infraestructura durante más de un siglo. Sin embargo, a medida que la empresa ha optimizado su cartera global en los últimos años, su presencia nacional se ha reducido rápidamente. Entre 2021 y 2024, su fuerza laboral sudafricana se redujo en más del 20%, de aproximadamente 41,000 a 32,000 personas. Durante el mismo período, sus pagos de impuestos y regalías se desplomaron un 81%, de aproximadamente R41,000 millones (2,500 millones de dólares) a R7 800 millones.

Puede ser tentador explicar estas cifras como un reflejo de los ciclos del mercado o de los costos inevitables de la transición, pero apuntan a un problema estructural más profundo: el capital es móvil, pero la rendición de cuentas no.

Cuando las empresas mineras abandonan un país, los costos no desaparecen; se transfieren a las comunidades locales. Las localidades mineras pierden su base impositiva, los municipios tienen dificultades para mantener la infraestructura esencial y el daño ambiental queda desatendido. En la provincia sudafricana de Mpumalanga, devastada por décadas de extracción, cientos de minas permanecen abandonadas o han sido rehabilitadas de forma deficiente. Entre 2011 y 2016, las autoridades emitieron solo seis certificados de cierre de minas, la confirmación formal de que la rehabilitación se ha completado. Mientras tanto, el drenaje ácido de las minas continúa contaminando los sistemas hídricos.

El costo humano es igualmente grave. En Kriel, un pueblo minero de Mpumalanga, más de 200 residentes fueron desalojados forzosamente en 2025 después de que una mina cambiara de manos y se cancelaran abruptamente las viviendas vinculadas al empleo. Lo que se había presentado como una vía hacia el trabajo y la estabilidad terminó en falta de vivienda, incertidumbre jurídica y ruptura social.

Kriel no es un caso aislado. En toda Sudáfrica, las empresas mineras han generado decenas de miles de millones de dólares en ganancias, mientras que los beneficios para las comunidades locales son insignificantes. Sorprendentemente, una gran parte de los fondos destinados al desarrollo local nunca se ha entregado o no se puede justificar.

Los defensores del sistema actual suelen afirmar que una regulación más estricta ahuyentaría a los inversores y que los gobiernos africanos, ante el alto desempleo y el aumento de la deuda, no pueden permitirse ahuyentar el capital extranjero. Este argumento merece ser tomado en serio, pero se basa en una premisa falsa.

El problema de Sudáfrica no radica en que las condiciones de entrada para las empresas multinacionales sean extremadamente onerosas. Al contrario, la legislación minera no exige que las empresas obtengan el consentimiento de las comunidades afectadas, sino que simplemente las consulten, y la aplicación de las normas sociales y ambientales sigue siendo deficiente. Canadá, en cambio, impone requisitos más estrictos para el cierre de minas y realiza periódicamente revisiones de interés público de las principales reestructuraciones corporativas, pero sigue atrayendo a inversores internacionales.

El problema no es la regulación, sino una brecha de gobernanza global. Si bien las corporaciones multinacionales pueden trasladar beneficios, activos y domicilios legales a través de las fronteras nacionales con facilidad, la aplicación de las protecciones ambientales, sociales y de derechos humanos sigue confinada en ellas.

Esta asimetría es evidente en la Indaba de la Minería Africana. Los gobiernos, muchos de ellos bajo presión fiscal, compiten para atraer inversión extranjera, mientras que las empresas mineras conservan la mayor ventaja: la opción de retirarse. El desequilibrio es el resultado de un sistema que favorece abrumadoramente los intereses de los accionistas y trata la salida corporativa como una decisión empresarial, en lugar de una preocupación pública.

Resulta alarmante que esta misma lógica se esté aplicando a la transición hacia las energías limpias. Con el aumento previsto de la demanda de platino, litio, cobre y cobalto en las próximas décadas, África está en condiciones de convertirse en un importante proveedor de los minerales necesarios para la descarbonización.

Las reformas nacionales son necesarias, pero insuficientes. El derecho interno por sí solo no puede resolver un problema arraigado en desequilibrios de poder transnacionales. Por ello, las negociaciones, estancadas desde hace tiempo, para lograr un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos son tan trascendentales.

Sin mecanismos confiables de rendición de cuentas, la transición hacia energías limpias no será justa ni sostenible. Por el contrario, dejará tras de sí un reguero de minas abandonadas, municipios devastados, fuentes de agua contaminadas y familias desplazadas.

La Indaba de Minería Africana se enorgullece de moldear el futuro de los recursos del continente. Pero esa afirmación suena hueca si la conversación se limita a anuncios festivos de nuevos comienzos y evita lo que sucede tras la finalización de los proyectos. Cuando esto ocurre, alguien siempre paga. La pregunta es si los costos seguirán recayendo sobre las personas quienes no tienen adónde ir.

El autor

Christopher Rutledge es Director Ejecutivo de Comunidades Afectadas por la Minería Unidas en Acción (MACUA) y de la Oficina de Asesoramiento de Mujeres Afectadas por la Minería Unidas en Acción (WAMUA).

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2026

www.project- syndicate.org