Informalidad inhibe beneficios del aumento al salario mínimo para la mitad de los trabajadores

Las personas ocupadas en la informalidad lo hacen como una “estrategia de supervivencia” ante la falta de acceso al empleo formal, lo que inhibe los beneficios de los aumentos al salario mínimo general de acuerdo con la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP)

“La informalidad no es un asunto fiscal, no una opción libre de gente que dice ‘no, no me conviene’ -un empleo formal- son estrategias de supervivencia”, explicó Rogelio Gómez Hermosillo presidente ejecutivo de ACFP.

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Con datos del 2025, 33 millones de personas en el país tienen trabajos informales, lo que representa el 55% de la población ocupada, de acuerdo con el reporte Panorama Laboral de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

33 millones en informalidad y sin derechos laborales 

Este universo de personas que sí trabajan, pero en el sector informal, no tienen derechos como el acceso a la seguridad social o contar con un ingreso protegido por la ley, como es el salario mínimo general.

Si bien, el salario mínimo general ha recuperado 154% de su poder adquisitivo entre 2018 y 2025, de acuerdo con cálculos oficiales, el impacto positivo llega sólo a los trabajadores formales, mientras que la mitad de la población ocupada en la informalidad mira desde lejos estos beneficios.

“La recuperación gradual del salario mínimo ha tenido un efecto positivo en los ingresos de la parte más baja del tabulador de muchas empresas. Es un avance real, pero insuficiente: no alcanza a quienes siguen excluidos del mercado laboral ni impacta igual a quienes carecen de derechos por trabajar en la informalidad. El corazón del problema —la exclusión y la precariedad— permanece”, indica el reporte Panorama Laboral.

En 2026, el salario mínimo general mensual es de 9,582.47 pesos, mientras que en la zona libre de la frontera norte se equivale a 13,409.80 pesos mensuales.

La recuperación del poder adquisitivo del ingreso mínimo inició en 2018 mediante aumentos de doble dígito acordados entre el sector patronal, trabajadores y autoridades.

El objetivo del sexenio de Claudia Sheinbaum es que el salario mínimo alcance para adquirir 2.5 canastas alimentarias básicas.

“El salario ya ha mejorado un poco, estaba muy deprimido, pero por lo menos ya remontó. El tema, claramente, son las personas que trabajan sin derechos laborales”, precisó Gómez Hermosillo.

La precariedad laboral se ha reducido poco en 20 años

En el informe, Acción Ciudadana resume en una frase el sentido de la precariedad labora: “tener trabajo no es sinónimo de trabajar con derechos”.

De acuerdo con sus datos basados en las cifras del Inegi, en el país hay 59.6 millones de personas ocupadas y “la mayoría de ellas lo hace en condiciones precarias”, una situación de ha persistido desde hace 20 años.

El 61% de la población ocupada carece de acceso a instituciones de salud por vía de su trabajo, como una prestación de ley. Esto es, 35.9 millones de personas.

Si bien, hace 20 años el 60% de la población ocupada lo hacía en la informalidad y bajó a un 55%, en términos de absolutos ahora son 9 millones de personas más con trabajos informales.

Otra manera de informalidad es el autoempleo precario en el cual se ubican 13 millones de ocupados. “La mayoría lo hace por falta de opciones, no con una visión empresarial emprendedora”, precisa ACFP.

En ese contexto de precariedad, los incrementos al salario mínimo, que se prevé continúen a doble dígito hasta 2030, dejan fuera a la población ocupada en la informalidad o autoempleada, pero en condiciones de precariedad.

“La precariedad no es rentable para nadie a largo plazo: ni para las personas, que viven sin ingresos suficientes ni protección; ni para las empresas, que compiten vía bajos salarios en lugar de vía productividad; ni para el país, que renuncia a un mercado interno robusto y debilita los cimientos de la cohesión social, la seguridad ciudadana y la democracia”, explica la organización.