La seguridad Nacional | CIUDAD

La creciente crisis de extorsión en México, es identificada como la principal demanda ciudadana en materia de seguridad. Se señala un incremento del 57% en este delito entre los periodos presidenciales de Peña Nieto y López Obrador, con un alarmante 97% de casos sin denuncia debido a la falta de confianza en las autoridades.

Se grava con el impacto económico de la extorsión, estimando pérdidas equivalentes a cerca del 15% del PIB anual, con un costo total de 124.3 mil millones de pesos en 2023, lo que representa el 1.5% del PIB, superando el presupuesto destinado a las fuerzas armadas. Este delito afecta desproporcionadamente a micro y pequeños empresarios, principales generadores de empleo, e inhibe la inversión, con un cálculo del 12% de inversión perdida.

Se menciona cómo la extorsión encarece productos básicos como el limón y fuerza a agricultores a ceder sus tierras a criminales.

Además de los costos directos, se subraya la dificultad de emprender en México debido a la burocracia, los impuestos y, ahora, la "imposición" del crimen organizado.

El problema ha escalado a un nivel de "institucionalización", ejemplificado por el caso de un alcalde de Tequila, Jalisco, que extorsionaba directamente a la ciudadanía en nombre del crimen organizado.

Esto indica que el crimen organizado no solo llena vacíos de autoridad, sino que opera a través de la propia estructura gubernamental municipal.

La estrategia nacional contra la extorsión no esta funcionando por las fallas en su implementación, como la falta de denuncias y el recorte presupuestario a la lucha contra la corrupción.

Se concluye enfatizando la necesidad de un enfoque local, la reconstrucción de la confianza ciudadana y un plan integral que involucre a la sociedad para combatir este problema estructural, similar a cómo Italia enfrentó a la mafia rompiendo la "omerta" (ley del silencio).