Un nuevo proyecto legislativo en Florida abrió un frente político y jurídico sobre cómo deben actuar los agentes migratorios en la vía pública. La iniciativa propone cambiar la forma en que operan las autoridades durante arrestos, redadas y controles de inmigración, al poner el foco en la identificación visible de los oficiales y limitar el uso de máscaras. La propuesta se asemeja a una norma ya aprobada en California, que hoy se encuentra judicialmente frenada.
El proyecto SB 316, presentado ante el Florida Senate, crea el llamado “VISIBLE Act”, una normativa destinada a regular cómo deben identificarse los oficiales que participan en operativos migratorios.
El eje central de la propuesta es claro: cualquier agente que realice funciones de control frente al público deberá portar identificación visible en todo momento.
Según el texto del proyecto de ley SB 316, la obligación alcanza a cualquier persona autorizada a ejecutar funciones de inmigración, incluidos oficiales de agencias locales, miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), así como efectivos designados bajo acuerdos federales.
La norma define que las actividades públicas incluyen patrullajes, detenciones, arrestos, inspecciones en puestos de control, entrevistas para determinar estatus migratorio, allanamientos y ejecución de órdenes judiciales o administrativas. Es decir, prácticamente cualquier interacción directa con la comunidad.
Uno de los puntos más detallados del proyecto es la forma en que debe mostrarse la identificación. La propuesta obliga a que el nombre o las siglas reconocibles de la agencia empleadora se puedan leer desde una distancia mínima de 25 pies (7,6 metros). Además, el apellido del oficial o su número de placa deberá verse claramente durante el contacto directo con el público.
La identificación deberá ubicarse en la prenda exterior y no podrá quedar tapada por chalecos tácticos, armaduras o accesorios. El objetivo es impedir que un oficial actúe sin que la persona intervenida pueda saber quién lo está deteniendo.
En palabras del propio documento legislativo, la finalidad es que la identificación sea visible “en condiciones de luz diurna y baja luminosidad bajo condiciones operativas normales”, lo que apunta a redadas nocturnas o en espacios cerrados.
El proyecto también introduce una regla contundente: los agentes no podrán usar cubiertas faciales no médicas que oculten su identidad durante operativos públicos. Esto incluye pasamontañas, máscaras tácticas o cualquier elemento que impida reconocer el rostro o leer la identificación.
Existen excepciones específicas. La ley permitiría cubrir el rostro si se trata de una operación encubierta no pública o si el oficial necesita protección frente a condiciones peligrosas, como humo, gases o contaminantes ambientales.
La regulación no solo alcanza a funcionarios migratorios federales o delegados. También prohíbe que los agentes policiales locales utilicen máscaras faciales durante sus funciones.
Solo se admiten tres casos: operaciones encubiertas activas, equipamiento de protección de equipos SWAT o situaciones de emergencia inmediata.
La propuesta prevé castigos progresivos para quienes violen las reglas sobre el uso de máscaras faciales. La primera infracción sería considerada una falta. A partir de la segunda, el hecho pasaría a ser un delito menor de segundo grado.
También obliga a las agencias policiales a avisar al sheriff local con al menos 12 horas de anticipación cuando una operación encubierta implique el uso de máscaras. El aviso deberá detallar lugar, horario y duración aproximada del operativo.
El proyecto fija como fecha de vigencia el 1° de julio de 2026. A partir de entonces, el Departamento de Cumplimiento de la Ley deberá dictar las normas reglamentarias antes del 1° de octubre de 2026 para regular la utilización de cubiertas faciales.
De todas maneras, el proceso legislativo recién comienza. La iniciativa aún no fue aprobada por ninguna cámara y además deberá pasar el filtro final: la firma del gobernador DeSantis.


