El estado de Maryland aprobó una nueva ley que prohíbe la colaboración directa de los condados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A partir de la normativa, ya no se pueden aplicar los acuerdos 287(g) que utilizaban nueve jurisdicciones. La regla ya obtuvo la firma del gobernador Wes Moore y entró en vigor.
El texto se convirtió oficialmente en ley el último martes. Durante una ceremonia, el gobernador Moore dio un discurso y procedió con la promulgación.
En concreto, la SB 245 prohíbe la colaboración de los condados de Maryland con el ICE mediante la iniciativa que la agencia federal tiene con ese fin. Estas son las claves:
Dado que la normativa fue designada como una ley de emergencia en un marco de amenaza a la seguridad pública, estaba dispuesta a entrar en vigor apenas obtuviera la firma del gobernador.
Ya que eso ocurrió el último martes 17 de febrero, la regla comenzó a regir desde entonces y está activa.
Dentro de Maryland, son nueve las jurisdicciones locales que colaboran con la agencia migratoria mediante distintos tipo de acuerdo contenidos en el programa 287(g). De acuerdo con CBS News, estos son los condados que firmaron contratos:
En su conferencia, Moore aclaró que la ley no imposibilita la coordinación del estado con autoridades federales para mantener la seguridad pública: “No tomamos a la ligera a los delincuentes violentos. Nos aseguraremos de que nuestras comunidades estén a salvo de quienes les causan daño“.
En ese sentido, manifestó que Maryland apoyará la “deportación legal de delincuentes extranjeros que representan un riesgo para la seguridad pública” a pesar de la nueva ley.
Según lo que presenta el sitio web oficial del ICE, se trata de un programa que permite delegar a oficiales “estatales y locales la autoridad para desempeñar funciones específicas de agente de inmigración".
Condados y estados pueden colaborar con la agencia federal mediante cuatro modelos distintos:
Mientras Maryland recientemente los prohibió, otros estados toman el camino inverso. Algunas jurisdicciones incentivan a los condados a aplicar esta medida y otras directamente firman leyes para obligar a la participación en el 287(g), como Texas.

