El gobierno de Neuquén echó al hijo de un exgobernador acusado de haber cobrado cuatro años sin trabajar: fichaba y se iba

El gobierno de Neuquén despidió al hijo de un exgobernador de esa provincia tras detectar que pasó más de cuatro sin asistir a trabajar a su puesto como empleado de planta permanente del Ministerio de Energía. Se trata de Nicolás Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En junio del año pasado, la Fiscalía de Estado lo había denunciado penalmente. Informó que detectó, a través de los videos de seguridad, que el ahora exempleado fichaba su ingreso y se iba de la oficina minutos después.

Neuquén: fichaba como que iba a trabajar y se iba

Si bien el gobierno de la provincia informó que el despido se hizo oficial esta semana, la información trascendió en junio de 2025, cuando el exagente quedó suspendido sin goce de haberes. El primero en exponerlo fue el gobernador, Rolando Figueroa, que mencionó el caso en un acto público, aunque sin nombrarlo.

Durante el lanzamiento de un programa de préstamos para jóvenes emprendedores en Neuquén capital, el mandatario provincial destacó su política de “tolerancia cero a la corrupción”, que provocó el despido de más de 20 empleados de la administración provincial, acusados de distintas irregularidades.

En ese momento, prometió que la purga iba a avanzar contra todos los estatales, “se llamen como se llamen” y acusó al hijo de un exgobernador de Neuquén de iniciar sus trámites jubilatorios cuando llevaba 18 años sin presentarse a trabajar. Luego, se supo que la falta de prestación de servicios se produjo en los últimos cuatro años en su puesto.

El gobernador aclaró que ya no beneficiarán más “a los acomodados de la política que estaban detrás de alguien y no trabajaban”.

Ese día, trascendió de forma extraoficial que el “ñoqui” mencionado era hijo de Pedro Salvatori, que ejerció el máximo cargo en el Poder Ejecutivo provincial entre 1987 y 1991 y también representó a la provincia de Neuquén en el Congreso, como diputado nacional y senador.

El exgobernador falleció en 2017 y durante su funeral fue reconocido por sus valiosos aportes al desarrollo provincial, sobre todo a través de la promoción de inversiones en Neuquén, el crecimiento de las energías renovables, el fomento de las hidroeléctricas y la fundación de nuevos pueblos en el territorio.

Tras las declaraciones públicas de Figueroa, la situación de Salvatori se complicó aún más. En junio del año pasado, se difundieron los videos que lo mostraban fichando su ingreso a través de un sistema con reconocimiento facial y de huella digital que se encontraba en el ingreso a las oficinas del Ministerio de Energía de la provincia, donde era personal de planta permanente. Sin embargo, los registros evidencian que el empleado se retiraba de forma inmediata tras fichar su ingreso cada mañana.

El Fiscal de Estado de la provincia, Raúl Gaitán, denunció penalmente al empleado por fraude contra la administración pública por haber cobrado durante más de cuatro años un sueldo estatal sin haber prestado servicio alguno.

En paralelo, la Escribanía General de Gobierno confirmó que Salvatori no había presentado declaraciones juradas patrimoniales desde 1991, un requisito obligatorio para todo agente estatal.

Lo llamativo del caso es que, pese a estas irregularidades y al avance del proceso administrativo y judicial, desde el gobierno se informó que el denunciado habría iniciado gestiones para acceder a la jubilación, lo que motivó nuevos cuestionamientos dentro del Poder Ejecutivo.

En medio del escándalo y tras la difusión de los videos, trascendió que el empleado se encontraba en Bayahíbe, un popular destino de República Dominicana, donde fue reconocido por turistas neuquinos que estaban en esas playas caribeñas. El gobierno provincial confirmó el dato con la Dirección Nacional de Migraciones e informó que no había pedido licencia de su puesto para hacer el viaje.

Tras el escándalo, el hijo del exgobernador fue suspendido sin derecho al goce de sus haberes. La investigación interna determinó que había abandonado su cargo entre el 1° de julio de 2020 y el 12 de junio de 2025.

Según el decreto de cesantía firmado el pasado 13 de febrero por el gobernador Figueroa, la provincia avanzará con los procedimientos legales para el recupero de las sumas que corresponden a los años que el exempleado cobró su salario sin acudir a trabajar. También dispuso que, en caso de imposibilidad de proceder al recupero se le dé intervención a la Fiscalía de Estado, para que inicie las actuaciones correspondientes ante “la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial”.