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MANILA, Filipinas – El contratista Pacifico "Curlee" Discaya podría enfrentar pronto cargos penales y detención por un presunto proyecto fantasma de control de inundaciones de P96,5 millones en Davao Occidental, después de que el Departamento de Obras Públicas y Carreteras (DPWH) solicitara a los fiscales incluirlo en el caso.
El Secretario del DPWH, Vince Dizon, presentó una manifestación ante la Oficina del Defensor del Pueblo solicitando incluir a Discaya en las denuncias presentadas el 5 de diciembre de 2025. El caso fue previamente presentado ante el Tribunal Regional de Primera Instancia de la Ciudad de Digos contra varios funcionarios del DPWH y la esposa de Discaya, Sarah Discaya. Ella ha sido detenida en la Ciudad de Lapu-Lapu.
A diferencia de Sarah, Curlee no se encuentra en una instalación penitenciaria; todavía está bajo la custodia del Senado.
El Defensor del Pueblo Asistente Mico Clavano dijo el lunes 16 de febrero que las declaraciones juradas reunidas por los investigadores señalan a Curlee como posible "beneficiario final" de St. Timothy Construction Corporation, la empresa que obtuvo el contrato de control de inundaciones.
Clavano explicó que la titularidad beneficiaria se refiere a una persona que ejerce control o da instrucciones dentro de una empresa, incluso si su nombre no aparece en los documentos corporativos oficiales.
"Hubo una revelación en las declaraciones juradas de varias personas de que Curlee Discaya tiene titularidad beneficiaria o está ejerciendo control sobre las empresas involucradas en el caso de Davao Occidental", dijo Clavano.
Establecer ese vínculo, señaló Clavano, es crucial antes de que los fiscales puedan incluirlo formalmente en la acusación.
A pesar de la solicitud del DPWH, Discaya no puede ser añadido automáticamente como acusado. Clavano enfatizó que primero debe dársele la oportunidad de responder a las acusaciones, de acuerdo con el debido proceso.
Las denuncias penales se originaron de un proyecto de control de inundaciones en Barangay Culaman que, según los fiscales, existía solo en papel.
Los registros mostraron que el contrato fue adjudicado el 22 de enero de 2022, pero los investigadores no encontraron construcción real en el terreno. A pesar de esto, la Oficina de Ingeniería del Distrito de Davao Occidental del DPWH certificó el proyecto como "completado", permitiendo que la empresa de Discaya asegurara el pago del proyecto.
Además de Sarah Discaya, otros demandados en el caso son el ingeniero de distrito del DPWH Rodrigo Larete, el ingeniero asistente de distrito Michael Awa, varios jefes de sección del DPWH, ingenieros de proyecto e inspectores, así como Ma. Roma Angeline Rimando de St. Timothy Construction.
Enfrentan cargos por violar la Ley Anticorrupción y Prácticas Corruptas (Ley de la República N.º 3019) y por malversación de fondos públicos mediante falsificación de documentos públicos. – Rappler.com

