Los abogados presentaron una moción de emergencia el domingo por la noche solicitando que un juez federal en Georgia detenga el último "enfriamiento del derecho de votación" del presidente Donald Trump.
A principios de este mes, la administración Trump envió agentes del FBI acompañados por la Directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard para allanar la oficina electoral del condado de Fulton, Georgia. Los agentes tomaron alrededor de 700 cajas de material relacionado con las elecciones generales de 2020, incluyendo boletas, datos de votación y los registros de votantes del condado. La orden de allanamiento decía que la administración puede entregar los documentos a analistas técnicos que contratan con el equipo de Trump, lo que genera preocupaciones de que los datos puedan usarse para manipular el resultado de futuras elecciones.
Los abogados del Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley y la NAACP argumentaron en una presentación judicial ante el tribunal federal del Distrito Norte de Atlanta que el allanamiento violó los derechos civiles de sus clientes. También argumentaron que los repetidos intentos de Trump de socavar las elecciones estadounidenses solo están "intensificando el enfriamiento del registro y la votación".
Los abogados también pidieron al tribunal que apruebe un proceso acelerado de revisión y respuesta para el gobierno federal, sugiriendo que respondan a la moción para el 24 de febrero.
"Estos esfuerzos repetidos para acceder a los registros electorales de 2020, incluso por parte de la entidad que ahora tiene custodia de ellos, aumenta las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de datos sensibles de votantes y exacerba el enfriamiento del derecho de votación", escribieron los abogados en su escrito.
La administración Trump ha presentado más de dos docenas de demandas buscando recuperar registros de votantes de estados liderados por demócratas. Esos esfuerzos han sido rechazados por los tribunales, y la administración Trump parece estar cambiando de táctica para obtener la información sensible.
"Este recurso no depende de la legalidad de la orden o la incautación", argumentaron los abogados. "Más bien, su justificación radica en las protecciones constitucionales y estatutarias del derecho al voto, la privacidad del votante y el secreto de la boleta, que son fundamentalmente críticos dados los ataques sin precedentes a la administración de elecciones".
Lea la moción y los documentos de apoyo aquí.
