Adiós trabajo presencial: la nueva ley en EE.UU. que haría que el home office sea permanente para estos empleados

Una coalición bipartidista de la Legislatura de California que se opone al mandato del gobernador Gavin Newsom de regresar a las oficinas presentó un proyecto de ley para hacer permanente el home office para ciertos empleados. La norma exigiría a las agencias estatales desarrollar un plan para implementar esta modalidad en las áreas donde sea práctico y beneficioso.

California: el proyecto AB 1729 que busca hacer permanente el teletrabajo estatal

El Proyecto de Ley 1729 de la Asamblea, presentado el 5 de febrero, obligaría a las agencias estatales a ofrecer home office “en la mayor medida posible”. Además, exigiría que cualquier departamento que requiera trabajo presencial presente una justificación detallada por escrito.

La AB 1729 fue patrocinada por los Ingenieros Profesionales del Gobierno de California (PECG, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Supervisores Estatales de California (ACSS, por sus siglas en inglés).

Entre sus principales objetivos, apunta a registrar el ahorro de costos, la reducción de emisiones de los vehículos y los beneficios de contratación.

En diálogo con Fox News, el autor del proyecto de ley, el asambleísta Alex Lee, respaldó la medida y enfatizó la responsabilidad fiscal. En esa línea, sostuvo que “los ahorros de costos y beneficios ambientales impactan directamente en el público“.

Adiós trabajo presencial: la nueva ley que establecería una comisión reguladora del home office

El documento oficial del texto señala que, en caso de aprobarse, el Departamento de Servicios Generales (DGS, por sus siglas en inglés) deberá establecer una unidad que supervise los programas de home office en todo el gobierno estatal.

El grupo también sería responsable de crear y mantener un panel de control que muestre datos sobre la eficiencia y rentabilidad de los programas de teletrabajo. Entre la información a analizar se incluyen los ahorros por menor espacio de oficina, reducción del tráfico y emisiones, así como los principales beneficios de la propuesta.

Además, cada agencia estatal tendría la obligación de evaluar su programa de home office cada diez años para asegurarse de que sigue alineado con sus necesidades operativas y sus metas para reclutar y retener personal calificado.

El proyecto declara que es un “estatuto de urgencia”. De este modo, si se aprueba, entraría en vigor inmediatamente tras su promulgación para responder con rapidez a cuestiones presupuestarias y de personal.

El mandato de Gavin Newsom que obliga a regresar a las oficinas

La presentación del proyecto de ley llega en un momento crucial de la sesión legislativa. Este año, aproximadamente 100 mil trabajadores estatales de California enfrentan la fecha límite del 1° de julio para regresar a sus oficinas cuatro días a la semana.

La medida parte de una orden ejecutiva emitida por Newsom en marzo de 2025. El objetivo declarado por el gobernador mediante un comunicado de prensa fue mejorar colaboración, comunicación, mentoría y supervisión. Según sus declaraciones, la presencia física fortalece la eficiencia del gobierno estatal y la calidad de los servicios que ofrece a los ciudadanos.

En contra de las afirmaciones de Newsom, el decreto atrajo críticas y la oposición de varios sectores, principalmente desde sindicatos y grupos de empleados públicos. El SEIU Local 1000 (el sindicato más grande de empleados estatales) argumentó que la medida se impuso sin negociación colectiva ni participación de los sindicatos, lo que violaría leyes laborales.

En primera instancia, el decreto iba a entrar en vigor el 1° de julio de 2025. Sin embargo, su aplicación se retrasó debido a las intensas negociaciones sindicales.

Cada año, el gobierno estatal gasta aproximadamente 725 millones de dólares en la cartera de propiedades estatales y arrendadas que el DGS administra.

En agosto, un informe de la oficina del auditor de California concluyó que se podrían ahorrar hasta US$225 millones al año y reducir el espacio de oficina en casi un tercio si el estado mantuviera a los empleados en la oficina dos días a la semana y tres días en la modalidad de teletrabajo.

El asambleísta Josh Hoover se pronunció en contra del decreto. “Creo que la orden general del gobernador no es la dirección que queremos tomar. Lo que mi proyecto de ley dice es que cada departamento debería definir su propia política de teletrabajo”, sostuvo.