Un año de LIBRA: de la conmoción política a las miradas puestas en Comodoro Py

El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei ya había atravesado su primer año en la Casa Rosada y el día anterior su plan económico había conseguido el menor índice inflacionario de los últimos cinco años, pero aquella noche publicó un mensaje en las redes sociales cuyas consecuencias políticas llegan hasta hoy.

El mensaje de Milei hablaba de “un proyecto privado” que se dedicaría a “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas”. Además, se incluía la clave alfanumérica del Token y concluía con la célebre frase “Viva la libertad, carajo”.

Esa misma noche las redes sociales comenzaron a denunciar una criptoestafa, señalaron un crecimiento exponencial del valor después del mensaje del presidente y un súbito desplome que podría haberse tratado de una “rug-pull”, una maniobra en la que los creadores retiran lo invertido y se llevan ganancias producto de la suba.

Fue varias horas después que el mandatario borró el contenido afirmando que, después de interiorizarse prefería “no seguir dándole difusión”. Ese 15 de febrero se conoció la identidad de Hayden Davis que dijo ser asesor del presidente.

La rueda política estaba en marcha. El domingo siguiente un grupo de diputados pedía el juicio político para Javier Milei. En los siguientes días, habría presentaciones judiciales, una de ellas se constituiría en Estados Unidos por presuntos damnificados.

El Congreso impulsó interpelaciones varias, pero sólo logró las declaraciones del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La comisión investigadora estuvo varios meses bloqueada y emitió un dictamen en noviembre del año pasado.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue uno de los más activos integrantes de ese grupo y a horas del primer aniversario del Libra gate sostuvo que lo acontecido el 14 de febrero del 2025 “no fue un hecho que sorprendió al Presidente de la Nación y a su círculo íntimo” sino que “fue un hecho que estuvo coordinado y premeditado”.

En el mismo sentido apunta el primer denunciante del caso, el dirigente radical Agustín Rombolá, quien sostiene que están probadas “una serie de reuniones en las que hubo acuerdos que fueron perfeccionados con transferencias de dinero hechos en las en las mismas horas o en los minutos subsiguientes a la celebración de esos encuentros”.

Davis, junto a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, emprendedores relacionados con el mundo cripto, “tuvieron acceso al Presidente de la Nación en más de 16 oportunidades y en uno de esos encuentros Novelli estuvo más de 5 horas en la quinta presidencial de Olivos”, recordó Ferraro en diálogo con El Cronista.

Para Ferraro y Rombolá, el punto que mayor involucra al presidente es la publicación de la clave de contrato del token.

“Milei no pudo decir de dónde sacó el contrato que publicó que copió y pegó de algún lado. Dijo ‘estaba revisando en internet y me encontré con este proyecto’. En internet no estaba, no había sido publicado todavía, ni el contrato que él publica ni mucho menos Libra, porque Libra se publica el 14 de febrero a las 7 de la tarde y él a las 7 de la tarde con 1 minuto y 22 segundos hace la publicación”, afirma Rombolá.

El Cronista intentó comunicarse con el abogado personal del presidente, Francisco Oneto, pero no obtuvo respuesta. En la Casa Rosada, en tanto, no muestran interés en el tema y sostienen que las explicaciones fueron dadas en su momento, por el propio Milei o en la interpelación al ministro Francos.

“El presidente no mantuvo ni mantiene un vínculo con el proyecto ‘Viva la Libertad’ o la moneda LIBRA”, dijo el por entonces jefe de Gabinete y agregó que “no existió coordinación o intervención en el proyecto mencionado. Tampoco se impartieron directivas a funcionarios del Gobierno para difundir el proyecto”.

También subrayó que “el Estado no ha tenido injerencia ni beneficio”.

El propio presidente agregó en declaraciones periodísticas que ni el Estado ni los argentinos “perdieron plata” por lo sucedido, dijo haber obrado “de buena fe” y que el desfalco era un problema “entre terceros”.

Sin embargo, los denunciantes insisten en la existencia de un “patrón” por parte del presidente: “Milei ya lo había hecho con Novelli con Terrones Godoy. Ya lo hizo con CoinEx, lo hizo con una NFT que se llama Vulcano”, recordó Rombolá.

La comisión investigadora

Las bancadas opositoras consiguieron la creación de una comisión para investigar el caso, pero su funcionamiento estuvo empantanado durante meses por el equilibrio entre los acusadores y los leales al presidente.

Pudo funcionar tan solo un mes y sus integrantes destacan los resultados obtenidos. Para los legisladores existían elementos suficientes para que el Congreso evalúe si el presidente Javier Milei incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Sostuvieron que la promoción de $LIBRA no fue un hecho aislado sino parte de un patrón previo y que la conducta presidencial habría comprometido la investidura en beneficio de intereses privados, desdibujando los límites entre lo público y lo privado.

El informe afirmó que se verificaron vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales, y que el análisis técnico de la blockchain detectó flujos de fondos coincidentes con fechas y montos previamente señalados en investigaciones periodísticas.

Para la Comisión, esto refuerza la hipótesis de un acuerdo orientado a monetizar la imagen presidencial.

También se concluye que el Presidente actuó sin activar ningún mecanismo institucional de control, omitiendo consultas a organismos técnicos y jurídicos del Estado.

Por su parte, el gobierno abrió una investigación en el seno de la Oficina Anticorrupción que está bajo su control: “Nadie conoció el informe. Mantuvieron ese ese informe bajo un secretismo que viola todo principio de acceso a la información pública”, dijo el exdiputado de la Coalición Cívica.

La “papa caliente” judicial

Paralelamente, en los tribunales de Comodoro Py comenzó una danza difícil de explicar. El expediente pasó, según afirma Ferraro, “por siete jueces federales y cuatro fiscales” hasta los depositarios actuales: Marcelo Martínez de Giorgi y Eduardo Taiano.

Para los denunciantes, existe una llamativa demora en los pasos de la Justicia que aún no convocó a ninguno de los imputados a prestar declaración.

Rombolá afirmó que la comisión investigadora del Congreso pudo ponerle nombre a las transacciones que se vinculan con el caso y la fiscalía contaba con esos informes de antes y no los compartía, “con lo cual, eso es causal de recusación”.

Sin embargo, cree que la investigación avanzará “a pesar de Taiano”.

“Nosotros tenemos casi todo aprobado, con lo cual ahora también es parte de la decisión que política que tome tanto el juez de Martínez de Giorgi como el fiscal Taiano”, afirmó.