MANILA, Filipinas – La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha nombrado a ocho personas como coautores indirectos del expresidente filipino Rodrigo Duterte en el caso de crímenes de lesa humanidad que se someterá a juicio preliminar el 23 de febrero.
Los ocho coautores son:
La CPI subió la noche del viernes 13 de febrero una versión menos redactada del documento que contiene los cargos o DCC. Este documento, que los filipinos vieron por primera vez solo en septiembre, contiene detalles específicos de los tres cargos de crímenes de lesa humanidad de asesinato que se alegan. Las nuevas subidas revelan los nombres previamente redactados.
Dela Rosa no ha sido visto en público y no ha estado reportándose al trabajo en el Senado desde que el Ombudsman Jesus Crispin "Boying" Remulla dijo que hay una orden de la CPI contra él. Esta supuesta orden no ha sido confirmada. Las órdenes de la CPI pueden estar bajo sello hasta su ejecución.
El documento acusa a Duterte y a los otros ocho de compartir "un plan o acuerdo común para 'neutralizar' a presuntos criminales en Filipinas (incluyendo aquellos percibidos o supuestamente asociados con el uso, venta o producción de drogas) a través de crímenes violentos, incluyendo asesinato ('Plan Común')."
Los tres cargos cubren 49 incidentes de asesinatos, con 78 víctimas, tanto en el contexto del Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS) cuando Duterte era alcalde como durante la guerra contra las drogas cuando era presidente.
La mayoría de los coautores acusados también sirvieron a Duterte en alguna capacidad como alcalde de la ciudad de Davao. En el contexto del DDS, la fiscalía acusa a Go, Dela Rosa y Danao de usar la policía de Davao (o "manejadores") para matar a presuntos criminales.
"Los manejadores reportaban a una combinación de policías y coautores (en particular, Dela Rosa (2012-2013), Danao (2013-2016), Sonny Buenaventura (oficial de policía y chofer y guardaespaldas de Duterte), y Bong Go), quienes a su vez reportaban a Duterte. Se requería la aprobación de Duterte para que los miembros del DDS realizaran asesinatos en la ciudad de Davao," dijo el documento.
La declaración jurada del sicario autoconfeso del DDS Arturo Lascañas nombró a Danao y Gierran como teniendo roles en el Escuadrón de la Muerte de Davao. Gierran posteriormente se convirtió en jefe de la NBI bajo el presidente Duterte.
"En sus nuevos roles geográficamente expandidos, los coautores controlaban la voluntad de los perpetradores físicos a través de un mecanismo que aseguraba su cumplimiento automático con sus órdenes," dijo el documento.
¿Podemos esperar que se emitan órdenes contra los ocho coautores también?
"Probablemente, porque ese modo de responsabilidad criminal asume la existencia de la empresa criminal perpetrada con otras personas. Si han sido nombrados, es muy posible que el tribunal esté considerando emitir órdenes," dijo a Rappler Ross Tugade, asistente acreditado de la CPI para el abogado.
Las audiencias de confirmación de cargos, o el juicio preliminar, están en curso para llevarse a cabo en la semana del 23 de febrero.
Esto ocurre después de que la sala preliminar de la CPI bloqueara el plan de los abogados de Duterte de apelar la decisión que encontró al expresidente de 80 años apto para someterse a juicio. Antes de que el equipo de defensa pudiera presentar la apelación, primero tenían que solicitar la autorización del tribunal o el permiso del tribunal.
"La sala por la presente rechaza la solicitud," dijo la sala el viernes, después de encontrar que los asuntos planteados por la defensa no eran asuntos apelables.
La sala el viernes también aprobó la participación de 500 víctimas más.
El abogado principal de Duterte, Nicholas Kaufman, ha presentado una nueva solicitud para descalificar a los abogados de las víctimas designados por el tribunal, o los representantes legales comunes para las víctimas, que son Joel Butuyan y Gilbert Andres. Butuyan y Andres están ambos con el grupo legal Center for International Law, y han nombrado a la exbecaria de CenterLaw Nicolene Arcaina, actual directora ejecutiva del Ateneo Human Rights Center, como administradora del caso.
Kaufman busca sus descalificaciones "por motivos de impedimento para la representación y, alternativamente, sobre la base de un conflicto de intereses." Sin embargo, la solicitud fue muy redactada.
Las audiencias serán el 23, 24, 26 y 27 de febrero. – Rappler.com


