Una app, una falsa enamorada y extorsiones desde la cárcel: revelaron la trama detrás del suicidio del soldado en la Quinta Olivos

El soldado de 21 años que en diciembre pasado se suicidó con un balazo en la cabeza en la Quinta de Olivos había sido víctima de una banda de estafadores y extorsionadores que operaba desde cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Así lo informaron en una conferencia de prensa la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

La víctima, identificada como Rodrigo Gómez, prestaba servicio en el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, que se encarga de la seguridad presidencial en la Residencia de Olivos.

El soldado cayó en la trampa a partir de un contacto que hizo en una app de citas. Gómez pensó que había conocido a una joven, pero en realidad era una puesta en escena y terminó siendo extorsionado por $1.400.000, según informaron a LA NACION fuentes de la investigación.

“El 16 de diciembre pasado hubo un hecho que nos conmocionó a todos, una muerte violenta. Un joven de 21 años, integrante del Ejército y que cumplía su guardia en una de las casillas de la Quinta de Olivos, lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida. Hubo una serie de elementos que nos indicaban que había algo detrás del suicidio, que había que seguir investigando. Llegamos a las consecuencias. La pista estaba en la carta [de despedida] que dejó”, dijo la ministra Monteoliva.

La pista que el soldado dejó en la carta hacía referencia a una app de citas.

“Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. Estoy con problemas legales y muchas deudas. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así, no le tengo miedo a la muerte, sí respeto. Tengo miedo de decepcionarlos”, escribió en la carta de despedida el soldado, según reveló Monteoliva.

La trampa mortal

Gómez pensó que había contactado a una joven, de nombre Julieta, pero en realidad era un perfil creado en la app Evermatch por la banda, denominada por los investigadores la "Pyme del delito".

Tras los primeros mensajes por la app, continuaron los intercambios en chats por WhatsApp.

Después llegaba lo que la organización criminal llamaba “el audio del terror”: un mensaje de voz de la supuesta madre de Julieta donde acusaba a la víctima de ser un degenerado porque su hija era menor de edad.

El plan criminal continuaba con la aparición de un supuesto integrante de la Policía de la Ciudad que le exigía dinero a cambio de que la causa judicial no avanzara.

La Pyme del delito, según explicó la jueza Arroyo Salgado, le usurpó la identidad a un oficial de la Policía de la Ciudad para concretar el plan criminal.

“A medida que se pudo avanzar en la investigación se determinó que detrás de la manipulación extorsiva había tres delincuentes que estaban detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense”, dijo la ministra Monteoliva.

Según pudo saber LA NACION, fueron varias las transferencias que hizo el soldado a cuentras de billeteras virtuales. “La extorsión fue por $1.400.000, mucho dinero para él”, dijo un detective que participó de la investigación.

Un día antes de que Gómez se quitara la vida, recibió varias llamadas. Primero no atendió. Era el mediodía dle 15 de diciembre pasado. A las 17.34 hubo una comunicación de diez minutos de duración con una línea telefónica de La Plata.

Una vez finalizada la comunicación, el soldado envió el comprobante de una transferencia por $213.000. Pocos minutos antes de las 18 hizo otra operación por $400.000 y a las 18.38 otra más por $500.000,así consta en documentación a la que accedió LA NACION.

Al día siguiente, a la madrugada, cuando Gómez ya estaba muerto, recibió un mensaje de WhatsApp que decía. “No veo el comprobante” y, entre las 9.05 y las 9.22 recibió tres llamadas desde la citada línea radicada en La Plata.

Además de los tres sospechosos alojados en la cárcel de Magdalena y en la unidad penitenciaria de La Plata, en las últimas horas hubo otros cuatro detenidos que serán indagados en las próximas horas por la jueza Arroyo Salgado.

De la investigación participaron la División Homicidios, que depende de la Superintendencia Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la misma fuerza de seguridad.

“Gracias al trabajo estratégicamente coordinado —entre la Justicia Federal de San Isidro y la División Homicidios de la Policía Federal— hoy el Estado argentino puede decir, con firmeza y con sustento, que esta muerte violenta no fue un hecho inexplicable y que no es un hecho que quedará impune”, dijo la jueza Arroyo Salgado.

La ministra Monteoliva sostuvo: “Un teléfono celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirle que tenga un arma en la celda. No se puede permitir en ninguna cárcel del país”.

En la citada conferencia de prensa estuvo presente el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. “Fue un caso de mucha repercusión interna por las características”, dijo el funcionario nacional y después felicitó a Monteoliva, a la jueza Arroyo Salgado y a los uniformados que participaron de la investigación.

La investigación

La investigación comenzó el 16 de diciembre pasado, el día en que fue hallado el cuerpo de Gómez.

“El cuerpo de la víctima yacía en una garita en altura. Presentaba un orificio de entrada en la región frontal con salida en región parietal con pérdida de masa encefálica y material óseo. Se había disparado con el arma provista por el Ejército Argentino, un fusil calibre 7,62″, explicaron a LA NACION fuentes del caso. El suicidio habría ocurrido poco después de las 5.

La carta de despedida, dirigida a su familia y sus superiores, escrita a mano por Gómez estaba en su uniforme. Su teléfono celular fue secuestrado del cofre donde guardaba sus pertenencias en la Quinta de Olivos.

“En la carta, el soldado hacía referencias a problemas económicos, causados por unos ‘policías corruptos’ que lo extorsionaban. Finalmente se supo que los extorsionadores no eran policías, sino estafadores que habían usurpado la identidad de un oficial de la Policía de la Ciudad”, dijo un detective que participó de la investigación.

Los sospechosos detrás del plan criminal, según informaron a LA NACION fuentes judiciales, fueron identificados a partir del análisis forense hecho sobre el teléfono celular del soldado Gómez.

La jueza Arroyo Salgado ordenó una serie de intervenciones telefónicas. Se trata de las líneas de teléfono que habían tenido comunicaciones con la víctima en los días previos al suicidio.,

“Eran números que no habían mantenido ninguna interacción en el pasado con Gómez”, dijo uno de los voceros consultados.

Con el avance de la investigación se determinó que los sindicados líderes de la banda eran dos internos de la cárcel de Magdalena del SPB y un cómplice operaba desde el penal de Lisandro Olmos, en La Plata.

“Los sospechosos captaban a sus víctimas por medio de la aplicación Evermatch, donde generaban vínculos con distintos hombres, utilizando un perfil falso de una supuesta menor de edad desde el que les compartían fotografías. Luego se hacían pasar por funcionarios de la policía, solicitándoles a los damnificados que efectúen transferencias de dinero a billeteras virtuales registradas por terceros, como compensación de no dar curso a una causa penal en su contra. Dicho modus operandi, resultó similar con la extorsión que sufrió el soldado voluntario Gómez", dijo un detective del caso.

Además de los tres delincuentes que protagonizaban las extorsiones desde la cárcel, la PFA detuvo a cuatro mujeres acusadas de ser las “recaudadoras”, las integrantes de la organización criminal que recibían el dinero de las transferencias bancarias que hacían las víctimas de las extorsiones.

Los siete imputados serán indagados en las próximas horas por la jueza Arroyo Salgado por los delitos de extorsión e instigación al suicidio.

“Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”, dijo la jueza Arroyo Salgado en la citada conferencia de prensa.