Un escándalo sacude a la Corte Suprema de Brasil y la debilita en un año político clave

BRASILIA.– Una fractura profunda atraviesa la cúpula del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, la máxima corte del país. La polémica se instaló esta semana, en el inicio formal del año judicial, cuando lo que solían ser tensiones de pasillo se transformaron en un conflicto interno.

El presidente de la Corte, Edson Fachin, anunció una ofensiva de “autocorrección” para imponer un Código de Ética a sus propios pares. No se trató de un gesto de cortesía, sino de un escudo de supervivencia, según analistas consultados por LA NACION.

El detonante fue el llamado “Caso Master”, un escándalo que estalló en diciembre pasado y que expuso la peligrosa cercanía entre la alta magistratura y el poder financiero.

El Banco Master, que fue liquidado tras detectarse maniobras fraudulentas y desvíos millonarios, se convirtió en el epicentro de una crisis ética cuando se supo que José Dias Toffoli, ministro del tribunal, compartió un vuelo en un avión privado con el abogado del banco para asistir a la final de la Copa Libertadores en Montevideo, mientras tenía en sus manos decisiones clave sobre la institución.

Casi en paralelo, se reveló que el bufete de abogados de Viviane Barci de Moraes, esposa del vicepresidente de la Corte, Alexandre de Moraes, mantenía un contrato de 3,6 millones de reales mensuales (650.000 dólares) con dicha institución.

La onda expansiva alcanzó incluso al Palacio del Planalto: el presidente Luiz Inacio Lula da Silva debió pedir cautela pública declarando que “la transparencia es el mejor remedio”, mientras el caso comenzaba a salpicar a su exministro de Justicia, el exjuez del STF Ricardo Lewandowski.

Según las investigaciones, el bufete manejado por la familia de Lewandowski mantuvo un contrato con el banco durante el período en que él todavía se desempeñaba como juez del máximo tribunal.

Esta secuencia generó un clima de “promiscuidad” entre el STF y el banco que Fachin ahora intenta aplacar.

“El STF vive quizás su más grave crisis de reputación de la historia reciente”, dijo a LA NACION Murilo Medeiros, politólogo de la Universidad de Brasilia. Para el analista, el problema no es solo legal, sino de identidad: “Cuando la confianza se corroe, el Poder Judicial pierde autoridad y pasa a ser visto no como un guardián de la Constitución, sino como un actor político con preferencias propias”.

Demonización

Para Moraes, el juez que se convirtió en el rostro de la resistencia democrática frente al bolsonarismo, la ofensiva de Fachin toca una fibra personal. El miércoles Moraes lanzó un contragolpe retórico feroz: calificó de “mala fe” las críticas y defendió el derecho de los jueces a dar charlas pagas para empresas, denunciando una “demonización de las conferencias”.

A su lado, Toffoli redobló la apuesta al reclamar el derecho de los magistrados a recibir “dividendos” por sus negocios privados. La tensión llevó a Fachin a cancelar una reunión clave para discutir el Código alegando “problemas de agenda”, una maniobra para evitar que la falta de quórum decretara la muerte súbita de su reforma estrella.

La crisis no es solo de formas, sino de cifras. Mientras Fachin busca blindar el 2026, el diario O Estado de S. Paulo reveló esta semana que existen 1860 procesos en los tribunales superiores que involucran a parientes directos de los ministros. El dato más comprometedor es que el 70% de esos casos se iniciaron justo después de que los magistrados llegaran a sus sillas.

“Existe un ‘mercado de abogacía de parientes’ en Brasilia”, afirma Rubens Glezer, profesor de Derecho Constitucional de la Fundación Getulio Vargas (FGV) y experto en el STF.

Según Glezer, el propio Supremo facilitó este escenario en 2023 al anular una regla que impedía a los jueces actuar en causas patrocinadas por bufetes que contrataran a sus familiares. “Hoy el juez solo está impedido si su pariente firma la petición, pero no si es socio o consultor del despacho. Restablecer esa prohibición es una medida simple que generaría dificultades inmediatas para este mercado de influencias”, añade.

La “autocorrección” que pregona Fachin no es un ejercicio de introspección filosófica, sino una maniobra de realpolitik, según expertos. La Corte sabe que su única moneda de cambio para mantener su autonomía es el prestigio, hoy en mínimos históricos.

“Cuanto más el Supremo politiza sus decisiones, más el Congreso tiende a reaccionar políticamente”, advierte Medeiros. El riesgo es que la Corte se transforme en el eje del debate electoral de 2026 con candidaturas que tengan como bandera el combate al activismo judicial y el impeachment de jueces, según Medeiros.

Glezer coincide en que el Supremo debe anticiparse: “Es una acción republicana para proteger la institución. El Supremo debe corregir sus desvíos éticos para no perder capacidad frente a un Congreso interesado en limitar a la Corte precisamente cuando ésta intenta cohibir la delincuencia de los poderes políticos”.

En este escenario de desgaste, la elección de la jueza Cármen Lúcia como relatora fue un movimiento estratégicamente calculado. Lúcia, de perfil sobrio, ya adelantó sus “Diez reglas de oro”: agendas públicas obligatorias –incluyendo cenas fuera del despacho– y la prohibición de asistir a eventos con candidatos.

Sin embargo, la duda es si el Código será una respuesta estructural o apenas cosmética. El modelo que mira Fachin es el de la Corte de Alemania, considerado un estándar de rigidez por exigir que los jueces informen cada centavo percibido fuera del tribunal y prohibir vínculos con empresas con intereses en sus procesos.

Glezer advierte que la ley no hace magia, pero debe “introducir incentivos para que la conducta indeseada sea más costosa y la fiscalización más fácil”.

El STF se enfrenta así a un dilema: reformarse desde adentro con reglas que incomoden a sus propios integrantes, o enfrentar el riesgo de que la política, con el calendario electoral de 2026 en la mano, pueda forzarlos a hacerlo.