El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha desafiado al presidente Trump por imponer la desregulación de la IA, compartiendo su preocupación de que la IA podría "desplazar a los seres humanos."
El presidente de EE.UU., Donald Trump, está impulsando actualmente la desregulación de la IA para mantener su liderazgo en la competencia tecnológica con China.
Los legisladores de Florida están apuntando específicamente a los centros de datos "hiperescala" y proponiendo leyes para evitar que estas instalaciones agoten los suministros de agua locales o aumenten las facturas de electricidad de los residentes.
Durante el último discurso del Estado del Estado del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el 13 de enero de 2026, emitió una advertencia contundente sobre los riesgos de la tecnología que avanza rápidamente. Le dijo a la Legislatura de Florida que la IA pronto podría "desplazar a los seres humanos como los actores centrales en el escenario de la Tierra."
La administración Trump está realizando movimientos actualmente para eliminar las barreras regulatorias para las grandes empresas tecnológicas, pero DeSantis está instando a los legisladores de Florida a aprobar algunas de las protecciones de IA más estrictas del país. El gobernador está particularmente preocupado por los centros de datos "hiperescala" y el impacto de los chatbots en los niños.
El obstáculo principal para el estado anti-IA que DeSantis quiere es una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en diciembre de 2025 titulada "Asegurar un Marco de Política Nacional para la Inteligencia Artificial."
La orden tiene como objetivo crear un único "reglamento" nacional para el desarrollo de la IA. El razonamiento de Trump para esto es que las empresas estadounidenses tendrán dificultades para innovar y eventualmente perderán la carrera tecnológica ante adversarios como China si cada estado crea sus propias reglas.
El 10 de enero de 2026, el "Grupo de Trabajo de Litigios de IA" de Trump creado dentro del Departamento de Justicia comenzó operaciones. El grupo de trabajo está autorizado para demandar a los estados que aprueben leyes de IA "onerosas".
La Casa Blanca también ha amenazado con retener $42 mil millones en fondos federales de banda ancha de los estados que se nieguen a derogar regulaciones que entren en conflicto con la política federal.
En respuesta a Trump, DeSantis dijo que una orden ejecutiva no puede detener legalmente a una legislatura estatal de aprobar sus propias leyes. Señaló que mientras la Cámara de Representantes de EE.UU. intentó previamente prohibir las regulaciones estatales de IA durante diez años a través del "One Big Beautiful Bill," el Senado de EE.UU. votó 99-1 para eliminar esa prohibición.
DeSantis cree que el público apoya las protecciones a nivel estatal y que Florida prevalecería en una batalla legal contra el gobierno federal.
DeSantis tiene la intención de aprobar un proyecto de ley llamado "Carta de Derechos de IA del Ciudadano", que propone una prohibición para que los menores accedan a chatbots de IA sin el consentimiento parental explícito.
Bajo el proyecto de ley, las empresas tendrían que proporcionar a los padres herramientas para ver lo que sus hijos están discutiendo con la IA y recibir alertas si un niño muestra "comportamiento preocupante." La ley también prohibiría que la IA actúe como terapeuta licenciado o consejero de salud mental sin que esté involucrado un ser humano.
DeSantis y los residentes locales del condado de Palm Beach han dado la alarma de que los centros de datos "hiperescala", que utilizan millones de galones de agua para enfriamiento y consumen más electricidad que ciudades pequeñas enteras, podrían agotar los acuíferos locales y obligar a los ciudadanos regulares a pagar tarifas de servicios públicos más altas para cubrir la expansión de la red eléctrica.
La ley propuesta requeriría audiencias públicas antes de que se construya cualquier centro de este tipo y los prohibiría cerca de tierras ambientalmente sensibles.
Texas aprobó recientemente su propia "Ley de Gobernanza Responsable de IA" el 1 de enero de 2026, que se centra en la privacidad de datos y la prevención de la discriminación. Colorado enfrenta posibles demandas federales por su ley de "discriminación algorítmica", que entrará en vigor a finales de este año.
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