Grupos señalan riesgo de corrupción de P633 mil millones en presupuesto 2026 aprobado por bicameral

Grupos multisectoriales plantearon el lunes sus recomendaciones sobre el presupuesto nacional de P6.793 billones aprobado por el bicameral para 2026, tras sus preocupaciones sobre proyectos por valor de P633 mil millones en riesgo de corrupción y clientelismo.

"Recomendamos que el Presidente tome medidas sobre más de P633 mil millones en proyectos en riesgo de corrupción y clientelismo en la versión bicameral del presupuesto", dijeron en una declaración conjunta la Mesa Redonda para el Desarrollo Inclusivo (RFID) y la Coalición del Presupuesto del Pueblo (PBC).

Ambas cámaras del Congreso ratificaron por separado el informe del comité de conferencia bicameral sobre el presupuesto nacional propuesto para 2026 el lunes.

La primera recomendación presentada por los grupos destaca el veto de asignaciones no programadas, también conocidas como "pork shadow" o clientelismo oculto, por valor de P243 mil millones, además de eliminar el programa SAGIP de P43 mil millones, que supuestamente se utilizó anteriormente para financiar proyectos anómalos de control de inundaciones.

Los grupos definieron el pork shadow como fondos que "están fuera del marco presupuestario regular" y a menudo se utilizan en años anteriores en proyectos de infraestructura "riesgosos" debido a su mínima transparencia o escrutinio legislativo al momento de liberarse.

"Las disposiciones especiales sobre asignaciones no programadas han violado disposiciones específicas en el fallo PDAF de la Corte Suprema", dijeron los grupos civiles.

"La constitucionalidad de las asignaciones no programadas en sí misma es un problema, ya que el Congreso aumenta artificialmente el techo presupuestario establecido por el Presidente, requerido bajo la Constitución; también viola la separación de poderes y la no delegabilidad del poder legislativo sobre el presupuesto", agregaron.

Los grupos también promovieron transformar la asistencia impulsada por clientelismo o ayuda por valor de P210 mil millones en "programas basados en derechos y reglas", en consulta con profesionales de la salud aliados y expertos en protección social, junto con los P11 mil millones en fondos confidenciales y de inteligencia (CIF).

Según los grupos, el soft pork está compuesto por programas de ayuda en riesgo de clientelismo político porque lleva a los ciudadanos a "mendigar" asistencia a los políticos.

"Los políticos deben ser excluidos del proceso de selección de beneficiarios, prevalente bajo el sistema inhumano e inconstitucional de cartas de garantía que alienta la intervención post-promulgación de los legisladores en el presupuesto", dijeron.

"Nos alarma que el comité de conferencia bicameral casi triplicó el soft pork a P210 mil millones en comparación con el presupuesto propuesto por el Presidente", agregaron.

La última recomendación mencionada implicó colocar los P600 mil millones en proyectos de infraestructura bajo una iniciativa de monitoreo ciudadano multisectorial financiada por el gobierno o programas de investigación independientes financiados internacionalmente.

El presupuesto nacional de 2025 enfrentó un mayor escrutinio público después de que se descubrieran varias asignaciones presupuestarias e inserciones del congreso, desencadenando múltiples manifestaciones en todo el país por transparencia y rendición de cuentas.

"Como ciudadanos, seguimos comprometidos a trabajar con ustedes para monitorear el proceso presupuestario para que cada peso del contribuyente beneficie a nuestra nación", dijeron. "Buwis natin ito, budget natin ito [Estos son nuestros impuestos, este es nuestro presupuesto]."— Almira Louise S. Martinez