La Legislatura de Utah aprobó una nueva normativa que cambiará la relación entre el estado y miles de propietarios ubicados en zonas con alto riesgo de incendios forestales. A partir de 2026, quienes tengan construcciones dentro de áreas especialmente vulnerables deberán afrontar una tarifa anual que podrá llegar hasta los 100 dólares por estructura.
La norma en cuestión es la House Bill 48, denominada “Wildland Urban Interface Modifications”, sancionada durante la sesión legislativa general de 2025 en Utah.
Su objetivo central consiste en aumentar la conciencia sobre el peligro de incendios forestales en la denominada interfaz urbano-forestal y promover que los propietarios participen activamente en la reducción de ese riesgo.
Desde la Utah Division of Forestry, Fire, and State Lands explicaron que la ley partió de una preocupación concreta: cada vez más personas enfrentaron subas abruptas en las primas de seguros o directamente perdieron cobertura debido a la exposición al fuego.
La HB 48 se convirtió en ley el 3 de marzo de 2025 y comenzará a regir el 1° de enero de 2026. A partir de esa fecha, se activarán nuevas obligaciones tanto para el Estado como para condados, municipios, aseguradoras y dueños de viviendas ubicadas en zonas críticas.
La ley puso el foco en la llamada Wildland Urban Interface, conocida como WUI. Se trata de áreas donde las viviendas, edificaciones y otros desarrollos humanos se encuentran con terrenos naturales no urbanizados.
Esta combinación, según la División de Forestry, Fire, and State Lands, incrementó de forma notable la probabilidad de daños durante incendios forestales y exigió la aplicación de normas específicas de prevención y construcción.
Dentro de ese universo más amplio, la HB 48 creó una categoría aún más específica: la High Risk Wildland Urban Interface, es decir, la interfaz urbano-forestal de alto riesgo. Allí se concentran las estructuras con mayor probabilidad de verse afectadas por un incendio, de acuerdo con variables técnicas y ambientales.
Para identificar estas áreas, el Estado desarrolló un nuevo mapa oficial de alto peligro. La Utah Division of Forestry, Fire, and State Lands encargó su elaboración a una firma con experiencia internacional en análisis del comportamiento del fuego.
El modelo utilizado combinó tres factores centrales: severidad potencial, probabilidad de ocurrencia y nivel de exposición.
En términos técnicos, el riesgo se calculó a partir de la interacción entre combustibles vegetales, condiciones meteorológicas y topografía, con un énfasis particular en la producción y el desplazamiento de brasas.
A eso se sumaron datos sobre densidad de viviendas, proximidad entre estructuras y características del entorno. El resultado fue un mapa que se actualizará todos los años y que podrá consultarse de manera pública a través del Utah Wildfire Risk Assessment Portal.
Conforme a esta ley, los propietarios en la zona de alto riesgo pueden solicitar evaluaciones de terrenos para desarrollar estrategias personalizadas de mitigación de peligros. Una tasa de propiedad contribuirá a financiar estas prácticas.
La normativa estableció que todas las estructuras gravables ubicadas dentro del límite de la High Risk WUI quedarán sujetas a la nueva tarifa.
No se trata de terrenos estatales o federales, sino exclusivamente de propiedades privadas. Los propietarios pueden verificar si su domicilio está incluido al buscar su dirección en el mapa oficial de alto riesgo, a partir del 1° de enero de 2026.
Desde la División aclararon que las mejoras individuales, como la limpieza del terreno o el uso de materiales resistentes al fuego, no suelen modificar la inclusión de una vivienda dentro de la zona de alto peligro, ya que el criterio responde a factores paisajísticos más amplios. Sin embargo, esas acciones sí pueden incidir en el monto final que cada dueño deberá pagar.
Uno de los puntos más sensibles de la HB 48 fue la creación de una tarifa obligatoria para las propiedades ubicadas en la High Risk WUI. El esquema previsto funcionará de la siguiente manera:
La División será la encargada de fijar los valores cada año, mientras que los condados recaudarán el dinero y lo transferirán al Utah Wildfire Fund. Según se informó oficialmente, estos fondos no se destinarán a combatir incendios, sino a cubrir los costos de implementación de la ley, en especial las evaluaciones de riesgo en los lotes.
Otro eje clave de la HB 48 será el impacto en el mercado de seguros. A partir de esta ley, las compañías deberán utilizar obligatoriamente el mapa estatal de alto riesgo para etiquetar una propiedad como “High Risk WUI”.
Además, si una aseguradora aumenta la prima en un 20% o más, o decide cancelar la cobertura por peligro de incendio, deberá justificar su decisión con datos concretos si el propietario lo solicita.
Según explicaron las autoridades, la intención fue evitar que amplias zonas de Utah sean catalogadas como de alto riesgo con criterios nacionales poco precisos y, al mismo tiempo, ofrecer a los dueños herramientas para conservar su cobertura.

