Removieron al jefe de la Policía en Rosario y avanzan con imputaciones tras la protesta

ROSARIO.— La protesta policial, que se extendió por una semana y se agudizó con un acuartelamiento de un sector de la fuerza de seguridad, dejó cicatrices en la conducción de la Policía de Santa Fe. Este jueves el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, decidió relevar al jefe de la Unidad Regional II Guillermo Solari, quien había sido designado hace tres meses al mando de la policía rosarina.

Solari, quien durante los primeros días de la protesta estaba de vacaciones y luego se sumó a la Unidad Regional II, quedó muy expuesto y las autoridades provinciales prefirieron separarlo del cargo. Debía dar órdenes a agentes que se habían negado a trabajar y a acatarlas. Era lógico que, al romperse la cadena de mando, hubiera cambios en la conducción. El comisario Danilo Millán reemplazará a Solari en el cargo, según informaron fuentes del gobierno.

Luis Maldonado, el jefe de la Policía de Santa Fe, seguirá en su cargo, ya que fue ratificado por el gobernador Maximiliano Pullaro durante la conferencia de prensa que dio el miércoles, en la que anunció los aumentos salariales que lograron que se levantara el acuartelamiento.

Maldonado sufrió en carne propia la bronca de sus subordinados y de familiares de policías, que lo escupieron en la cara cuando pretendía explicarles que no iban a ser sancionados, como había anunciado horas antes el ministro Cococcioni. Solari fue blanco también del escarnio de sus camaradas en la puerta de la Jefatura de Policía, donde el miércoles de la semana pasada se suicidó el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, aquejado por una grave enfermedad. Esa tragedia fue la que desencadenó el reclamo. Solari asumió hace apenas tres meses en el cargo, luego de que la Unidad Regional II fuera intervenida, a causa de una investigación sobre corrupción con la carga de combustible, que tiene a 14 policías detenidos, entre ellos, el exjefe de la Unidad Regional II Daniel Acosta. El perjuicio para el Estado fue de unos 90.000.000 de pesos.

La protesta policial, que llevó varios días y tuvo epicentro en el predio de la Jefatura en Ovidio Lagos al 5200, empieza a tener sus primeras consecuencias en el interior de la fuerza. Un día después de los anuncios del gobernador, con la mejora de los haberes de la Policía de Santa Fe, el gobierno decidió remover a Solari, pero también inició una tarea para reconstituir el tejido interno de la fuerza. Es probable que durante los próximos días haya más cambios.

Según el anuncio de Pullaro, con la nueva estructura salarial “todos los policías van a percibir $1.350.000 como mínimo”, y aseguró que la tarjeta alimentaria pasará de 80.000 a 180.000 pesos. En el caso de los efectivos que cumplen funciones operativas en Rosario, Santa Fe, Granadero Baigorria, Pérez, Villa Gobernador Gálvez o Santo Tomé, el gobernador indicó que cada uno percibirá 500.000 pesos adicionales. A ello se agregan 250.000 pesos para quienes manejan vehículos policiales.

Un policía de Rosario que maneje un móvil policial cobrará 2.300.000 pesos, casi el doble de lo que percibe, por ejemplo, un gendarme que está dentro del llamado Plan Bandera.

La resaca de la protesta mantiene la incertidumbre sobre qué pasará en el interior de la policía de Rosario, donde toda la estructura de mando quedó resquebrajada. Este jueves, en el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Pablo Socca imputó por incumplimiento de deberes de funcionario público a 11 policías denunciados por participar en la protesta. Ante la tensión que flotaba en la fuerza hasta hace menos de 24 horas, tanto los abogados defensores de los agentes como desde el MPA salieron a aclarar que el trámite se debía cumplir, a pesar de que las sanciones contra los uniformados se levantaron.

Este hecho dejó al descubierto las idas y vueltas del gobierno de Santa Fe frente al conflicto policial. El martes a la mañana, el ministro de Seguridad salió con dureza a afirmar que los efectivos que se acuartelaran iban a ser sancionados y pasados a disponibilidad. Detalló que 20 agentes serían penalizados, pero un día después esa postura se desdibujó ante el avance de la crisis y el gobierno decidió dar marcha atrás. Eso obligó al jefe de la policía, Maldonado, a anunciarlo cara a cara frente a los uniformados acuartelados, que no lo creían.

Los once agentes concurrieron en libertad a la audiencia, como si fuera una formalidad, porque se prevé que la causa se cerrará en las próximas semanas, lo cual deja expuesta también la escasa independencia del Ministerio Público en Santa Fe.

La abogada defensora de los imputados, Nair Moreno, explicó que la intervención de la Fiscalía fue obligatoria debido a que la denuncia formulada por las autoridades policiales hacía referencia a un delito de acción pública. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) no tuvo margen para desestimar el caso y debió avanzar con la investigación, de lo cual derivó la audiencia imputativa para los efectivos involucrados.

La defensa aclaró que la decisión del gobierno de no sancionar a los policías no implica automáticamente el cierre del proceso en la Justicia ni de la investigación interna sobre el accionar de los uniformados. El abogado Federico Godoy señaló que la disponibilidad no constituye una sanción disciplinaria, sino una herramienta preventiva, y que el reintegro al servicio no elimina la continuidad del sumario administrativo.

Godoy explicó que el trámite disciplinario permanecerá abierto hasta que se resuelva la cuestión penal. Recién una vez definido el expediente judicial, la fuerza podrá avanzar en el cierre del sumario interno, que podría concluir sin sanciones o con medidas disciplinarias.