Cómo las buenas intenciones ayudaron a allanar el camino de Trump hacia Irán

LONDRES.– Si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a rescatarlos”, escribió en enero el presidente Donald Trump en la red social Truth Social, mientras los manifestantes desbordaban las calles de Irán en las mayores protestas contra el gobierno en la historia del país. “Estamos listos para actuar”, dijo el norteamericano.

Al final, Irán mató a miles de manifestantes, pero Estados Unidos no estaba tan listo para actuar como decía estarlo. El ataque de Estados Unidos e Israel contra el gobierno iraní recién comenzó el 28 de febrero.

Desde que comenzaron los bombardeos, Trump ha dado diversas justificaciones para la guerra: habló de los norteamericanos tomados como rehenes en 1979, denunció a Irán por el uso de fuerzas delegadas en Medio Oriente y, sobre todo, lo culpó de no abandonar su programa nuclear.

Sin embargo, en el debate sobre la guerra aún resuena cierto llamado al humanitarismo, y se puede encontrar en las palabras de partidarios del propio Trump, como el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur: “El ayatollah y sus secuaces masacran a personas por protestar, matan a golpes a las jóvenes por llevar el velo de forma inapropiada y supervisan al mayor estado patrocinador del terrorismo desde hace décadas. ¿Quién quiere que esto continúe?”, escribió Graham en un artículo de opinión días antes del ataque.

Tales sentimientos incluso se escuchan entre los críticos reticentes a la guerra. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que los ataques de Israel y Estados Unidos están “fuera del derecho internacional, lo cual no podemos aprobar”. Pero agregó: “La historia nunca llora a quienes masacran a su propio pueblo, y nadie los va a extrañar”.

Pocos creen que a Trump lo mueva una preocupación por los derechos humanos, y también ha dejado en claro su desapego por el derecho internacional. Además, la guerra ya ha sido catastrófica para muchos civiles iraníes, incluyendo decenas de muertos en una escuela primaria durante un aparente ataque de misiles de Estados Unidos contra una base naval cercana. Sin embargo, al invocar el humanitarismo para justificar la guerra, el presidente recurre, con o sin intención, a un poderoso argumento que ha transformado el orden global desde el fin de la Guerra Fría.

Según el derecho internacional, el uso de la fuerza solo está permitido en defensa propia contra un ataque armado o con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. No existe el derecho a invadir otro país para proteger a los civiles, por más que los esté dañando su propio gobierno. Por eso es que gobiernos o milicias armadas logran masacrar a manifestantes, torturar a prisioneros, cometer limpieza étnica u otras atrocidades. Esas normas del derecho internacional y las instituciones que las aplican son motivo de indignación desde hace mucho tiempo.

La doctrina conocida como “Responsabilidad de Proteger”, a menudo abreviada como R2P por los expertos en política exterior, se proponía cambiar esta situación. La idea surgió en una era de triunfalismo progresista, cuando Estados Unidos, sus aliados y algunas instituciones internacionales comenzaron a creer que a veces la fuerza podía usarse para el bien, aunque implicara violar el derecho internacional.

Pero el esfuerzo por crear una excepción humanitaria, según los expertos, debilitó las normas jurídicas en torno al uso de la fuerza, una debilidad que ahora puede ser explotada por líderes que buscan justificar invasiones de otros estados soberanos.

“Creo que Trump es bastante hábil para identificar esos puntos irritantes que la gente siente al apoyar el orden internacional”, señala Oona Hathaway, profesora de la Facultad de Derecho de Yale y coautora de The Internationalists and Their Plan to Outlaw War (“Los internacionalistas y su plan para prohibir la guerra”).

El presidente norteamericano no es el único líder que en los últimos años ha invocado la lógica humanitaria para justificar una guerra que, como dijo Macron, “está fuera del derecho internacional”. En 2014, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que la invasión de su país a Crimea era necesaria para proteger a la población rusoparlante “amenazada de muerte”, y en 2022, afirmó que su invasión del resto de Ucrania era necesaria para detener el “genocidio de millones de personas”.

“Es más efectivo retomar una herramienta que ya existe que crear una nueva”, apunta Kate Cronin-Furman, profesora del University College de Londres y autora de Hypocrisy and Human Rights: Resisting Accountability for Mass Atrocities (“Hipocresía y Derechos Humanos: Resistir la Responsabilidad por Atrocidades en Masa”).

“Existe el concepto académico de ‘normas zombi’, que son normas de derecho internacional que, aunque vaciadas, conservan su relevancia retórica, aunque en los hechos no parecen limitar realmente el comportamiento de nadie”, señala Cronin-Furman.

El hecho de que la Responsabilidad de Proteger en su momento tuviera una legitimidad considerable, agrega, les permite a Trump, o a Putin, volver a recurrir a ella.

La moralidad por encima de la legalidad

En 1999, durante la crisis de Kosovo, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, escribió un artículo de opinión en The Economist donde le pedía a la comunidad internacional que reflexionara sobre el genocidio de Ruanda, ocurrido unos años antes. “Imaginen por un momento que en esos oscuros días y horas previos al genocidio hubiera existido una coalición de estados dispuestos a actuar en defensa de la población tutsi, pero que el Consejo se hubiera negado o retrasado su aprobación. ¿Esa coalición entonces debería haberse quedado de brazos cruzados mientras se desataba el horror?”

El mensaje era claro: aunque no existía autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para el uso de la fuerza en Kosovo, los países de la OTAN dispuestos a intervenir tenían la moral de su lado. Y después del hecho, una comisión internacional concluyó que esos ataques aéreos sobre Kosovo habían sido “ilegales pero legítimos”. La moral prevaleció sobre la legalidad.

Los genocidios en Ruanda y la exYugoslavia, los grupos rebeldes depredadores de África Occidental y el Congo, y los señores de la guerra de Somalia y Haití revelaban la existencia de una grave falencia en el derecho internacional y en las instituciones encargadas de aplicarlo. El sistema establecido tras la Segunda Guerra Mundial fue pensado para impedir que los países se invadieran y conquistaran entre sí, pero esas mismas normas también impedían que las potencias extranjeras ayudaran a los civiles cuyos gobiernos los perseguían o desprotegían.

Así nació la Responsabilidad de Proteger. En septiembre de 2000, el gobierno canadiense anunció la conformación de una comisión internacional para considerar cuándo era apropiado que un Estado emprendiera una acción militar contra otro Estado con el fin de proteger a los civiles. Al año siguiente, la comisión publicó un informe que defendía la doctrina de la “Responsabilidad de Proteger”, y en 2005 fue adoptada por unanimidad en la Cumbre Mundial de la ONU, una reunión de más de 170 jefes de Estado.

Esos principios se diseñaron para complementar el sistema internacional, no para socavarlo. Los dos primeros pilares de la doctrina recalcaban que los Estados tenían la responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos y que otras naciones tenían el deber de alentarlos y apoyarlos en esa tarea. Sin embargo, el tercer pilar de la doctrina proclamaba que si un Estado incumplía esas obligaciones de protección, la comunidad internacional debía actuar.

Según las normas formalmente adoptadas, cualquier intervención en el marco de ese tercer pilar debía realizarse dentro del derecho internacional vigente, a través de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, desde un principio algunos argumentaron que las intervenciones humanitarias podían ser permisibles —o necesarias— incluso si el Consejo de Seguridad se negaba a dar luz verde.

“Todos coincidieron en que la aprobación del Consejo de Seguridad era la mejor opción”, apunta Thomas Weiss, profesor emérito del centro de posgrado de la City University de Nueva York, quien fue director de investigaciones de la comisión que desarrolló los principios de la Responsabilidad de Proteger. Sin embargo, si no era posible obtener aprobación del Consejo de Seguridad, explica Weiss, la conclusión de los comisionados fue que algún tipo de entidad regional, como la OTAN, o una “coalición internacional de dispuestos”, podría servir como sustituto. El problema con eso es que “cualquier cosa puede ser una coalición de dispuesto”.

Era una excepción que fácilmente podía tragarse la regla.

Una Serie de Tragedias

Sería ridículo culpar a la doctrina de “Responsabilidad de Proteger” por la invasión de Putin a Ucrania o los ataques de Trump contra Venezuela e Irán. Ninguna de esas operaciones militares tuvo como objetivo proteger a los civiles. Pero ambos líderes parecen haberse dado cuenta de que las “normas zombi” crearon una brecha que ellos pueden aprovechar.

Después de todo, lo que implican las “normas zombi” es que la soberanía de los Estados puede llegar a depender del buen trato que den a sus ciudadanos. Los gobiernos que abusaran de sus ciudadanos, o que no pudieran o no quisieran protegerlos, ya no tendrían derecho a la protección plena contra las intervenciones armadas de otros Estados. Desde cierto punto de vista, parecía una respuesta mesurada, quizás incluso insuficiente, a catástrofes como el genocidio. Desde otro lado, también parecía una excepción fácilmente explotable de los principios de todo el sistema internacional. Cuanto más se utilice la cáscara zombi de la R2P como pretexto para lanzar otras guerras, más difícil será resolver la forma de proteger a la gente de ese tipo de violencia. La retórica y las ideas de la R2P se verán contaminadas al quedar vinculadas con esos conflictos.

Y ya está sucediendo. “En el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos y en otros ámbitos, es imposible mantener un debate legítimo sin utilizar ese lenguaje, pero hoy por hoy no tiene valor operativo”, apunta Weiss, y agrega que le gustaría que hubiera mejor predisposición para proteger a los civiles en lugares como Gaza, Sudán y Myanmar.

Un mundo donde los Estados confían en que su soberanía está a salvo es un mundo donde el sistema internacional puede contemplar soluciones genuinas a los desastres humanitarios. Pero la soberanía nacional parece cada día menos garantizada. Y los civiles del mundo, paradójicamente, se encuentran cada vez más solos.

Traducción de Jaime Arrambide